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Tribunal suspende medida carcelaria contra gobernador de Antioquia

Ya no habrá arresto de 10 días para el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, por supuesto desacato a la orden de atender el hacinamiento carcelario. El Tribunal Administrativo del departamento anuló y derogó la sanción que le había sido impuesta en septiembre por un juez.

En el fallo de primera instancia, proferido el pasado 28 de septiembre, el juez también lo conminó a pagar un monto en dinero equivalente a cinco salarios mínimos legales vigentes ($4.140.580).

Según la nueva sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, Pérez “fue diligente y cumplió a cabalidad con todos los requerimientos para mejorar el Sistema Penitenciario y Carcelario en su jurisdicción”.

El caso se remonta a una tutela interpuesta en el año 2014 por el personero de Santa Fe de Antioquia por el hacinamiento que se presentaba en el centro carcelario de esta localidad del Occidente.

El Tribunal Administrativo, que ya notificó la decisión al mandatario, sentenció que Pérez “nunca debió ser sancionado, puesto que realizó actuaciones tendientes a coordinar con los 16 municipios vinculados con el fallo de tutela, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec- y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –Uspec-, las estrategias pertinentes para buscar soluciones a fin de superar la crisis de hacinamiento”.

Precisa que la Gobernación de Antioquia propició la interacción institucional entre las partes y dispuso la asignación de un bien inmueble para la construcción de un centro carcelario, a pesar de no ser de su competencia, ya que esta obligación recaía en los 16 municipios de la zona (Abriaquí, Anzá, Armenia Mantequilla, Buriticá, Cañasgordas, Ebéjico, Frontino, Giraldo, Liborina, Olaya, Peque, Sabanalarga, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y Uramita), que fueron objeto de la tutela.

En la providencia, el Tribunal recalcó que la Gobernación envió oportunamente cartas de intención a los diferentes municipios y emitió un certificado de disponibilidad presupuestal por valor de $300 millones para estudiar la posibilidad de reabrir el centro de reclusión municipal de Urrao, tarea que se gestionó con la Secretaría de Infraestructura Física.

“Sus acciones favorecieron la comunicación y la coordinación entre los entes municipales, el Inpec y la Uspec, sin que el cumplimiento pleno de las órdenes dadas en la sentencia de tutela se haya debido a la ausencia de gestión o voluntad del ente departamental”, argumenta la sentencia que lo exime del pago del arresto y de la multa.

Fuente: El Colombiano