Este viernes el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender los efectos de la resolución 484 del 2012, que había permitido la concesión de licencias mineras en el país.
Esto hasta que el Ministerio de Ambiente establezca las “respectivas delimitaciones” y zonas de reserva de recursos naturales”.
El fallo, a favor de una demanda presentada en 2013 por el senador Iván Cepeda y organizaciones sociales, ampara los derechos colectivos a un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico, y el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, entre otros.
Según los demandantes, reabrir la ventanilla minera, un mecanismo con el que las autoridades competentes estudian las solicitudes para la explotación en todo el país, sin que esté claro el catastro minero colombiano, la delimitación de zonas protegidas como ecosistemas de páramo, humedales y reservas, pone en riesgo el medio ambiente y también los derechos de las poblaciones que habitan cerca de esos proyectos.
La sentencia aclara que esta suspensión no aplicará para las solicitudes de legalización minera tradicional, y de aquellas que se conceden en el ejercicio del derecho de prelación de comunidades étnicas.
Por lo consiguiente, el tribunal ordena que:
* La Agencia Nacional de Minería “no podrá recibir ni tramitar más solicitudes de títulos mineros” hasta que se adopte medidas que protejan el ambiente.
* Para poder reactivar la ventanilla minera, el Ministerio de Ambiente tendrá que culminar el proceso de zonificación y delimitación de todas las zonas y áreas de protección de recursos naturales, que deben ser excluidas de la actividad minera.
* El Ministerio de Ambiente tiene 3 años para implementar, con base en estudios científicos, la delimitación de las zonas de reserva de recursos naturales como humedales, páramos, parques naturales, aguas subterráneas y otras áreas de importancia geológica con base en la cartografía a escala 1:25.000.
* El Tribunal le da dos años al Ministerio de Minas, al de Ambiente y a las autoridades mineras para que verifiquen si los títulos que ya existen cumplen con la protección en materia ambiental.
En un comunicado, el senador Iván Cepeda aseguró que, según el fallo del Tribunal, la suspensión “será en un término no mayor a tres años” y las delimitaciones tendrán que hacerse con base en “estudios técnicos idóneos, que garanticen la preservación del ambiente y de los recursos naturales”.
El Universal
