Una acción popular, fallada a favor del demandante, en segunda instancia, obligó al gobernador Luis Pérez a hacer lo que tanto buscó evitar: invertir en el mantenimiento de los parques educativos, la obra emblemática de su antecesor Sergio Fajardo.
En sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, el magistrado ponente Andrew Julián Martínez privilegió la protección de los derechos colectivos al patrimonio público y determinó que la responsabilidad del cuidado y preservación del parque educativo de Argelia, en el Oriente antioqueño, es del Departamento y no de la administración municipal, como alegó el gobierno seccional.
Estos espacios, según Jéssica Esthepenson, exsubsecretaria de Parques y Ciudadelas Educativas en el gobierno Fajardo, fueron 80 en total, de los cuales a finales de 2015, 55 se entregaron, de esos 38 operando, y los demás financiados, pero pendientes de terminar por parte del constructor.
Sin embargo, en 2016, las infraestructuras y programas quedaron a la deriva, sin recursos que garantizaran su mantenimiento, cuando, explicó Esthepenson, la Asamblea aprobó un proyecto del gobernador Pérez para dejar sin piso la política pública de parques educativos, creada en 2015 (Ordenanza 36 del 12 de septiembre) para blindar esos espacios, definiendo la obligación de que futuras administraciones les invirtieran $40.000 millones anuales.
“Tumbaron la política de parques, trasladaron los recursos, ($40,000 millones), que ya estaban destinados, a otros rubros que nunca se supo a dónde (…)”, apuntó y añadió que la estrategia tenía como finalidad vincular las instituciones educativas, como un recurso pedagógico, para el uso de maestros, estudiantes y la comunidad en general.
Sumidos en el abandono
El propósito de la política pública, anotó Esthepenson, era que la Gobernación tuviera una responsabilidad principal, antes que los municipios, en sostener los parques educativas y que se les diera uso educativo y que no se convirtieran en espacios para otro uso.
“La Gobernación dijo que no era una herramienta educativa y dejó que los municipios hicieran lo que quisieran con esos espacios, que vieran cómo los financiarían. Tampoco cumplieron con exigir a los contratistas las garantías de obra”, apuntó.
Precisamente, en el caso de Argelia, reveló Gustavo Arboleda, abogado que ha liderado el proceso jurídico contra la Gobernación, en primera instancia el juez dijo que la responsabilidad era del Departamento y que la ordenanza que derogó la tenía que interpretar de manera diferente, garantizando el funcionamiento de ese parque educativo.
Explicó que la Gobernación apeló diciendo que el mantenimiento no era su responsabilidad y, añadió que, en segunda instancia, el Tribunal dijo que el Departamento es una institución y por lo tanto debe cuidar los recursos públicos, sin importar de quién era la obra.
Lo dotarán y repararán
Tras conocer la sentencia, el gobernador Luis Pérez precisó que “él es el primer defensor de los parques educativos y que cuando fue alcalde de Medellín se creó el acuerdo del Concejo para que en cada comuna existiera un parque biblioteca”.
Recalcó que durante su Gobernación le ha tocado terminar 21 bibliotecas de las propuestas por la anterior administración y, sobre el parque de Argelia, acotó que fue construido y entregado por Fajardo en octubre de 2015, “pero el edificio quedó con el techo malo, lleno de goteras, y con un funcionamiento muy deficiente”.
El gobernador aseguró que la empresa de Vivienda de Antioquia, Viva, entidad que lo construyó, demandó al subcontratista de la Gobernación anterior por $250 millones y este no ha respondido y, justificó que “por ello estábamos limitados para hacer inversiones en dicho parque, pero ahora que hay un fallo de un juez, podemos intervenir y solucionar todos los problemas que se presentan ahí” .
Fuente: El Colombiano
