En pleno 2019, en un mundo en el que cada minuto se comparten 38 millones de mensajes de WhatsApp —según datos de la app móvil—, Juan Carlos Restrepotuvo que esperar casi una hora para que dejara de llover y poder avisarle a su mamá que no llegaría a visitarla.
Ocurrió en el barrio El Corazón, en el occidente de Medellín, donde este operario de telefonía por cable vive hace más de siete años.
Pero no es que viva en la prehistoria: Juan Carlos carga en su bolsillo un celular, en el que recibe llamadas laborales y se conecta a internet cuando encuentra wifi gratuito. Sin embargo, casi nunca tiene dinero para recargar minutos y desde que vive solo no ha tenido un teléfono fijo.
Por eso su comunicación depende de un teléfono público sin moneda, ubicado unos 30 escalones más abajo de su residencia, entre un laberinto de casas por el que no cabe ni siquiera una moto.
En Medellín hay poco más de un centenar de estos teléfonos gratuitos, difíciles de encontrar pues nunca están cerca de las vías principales. Parecen una cápsula suspendida en el tiempo: tienen bocinas grandes y teclados aparatosos; las cabinas son redondas —las más modernas tienen formas alargadas— y en su rojo característico sobresale un logo verde con amarillo que hace unos 20 años fue el icono de las comunicaciones: Amigo Teléfono Público – Empresas Públicas de Medellín.
Siguen en la calle
Los gratuitos son minoría. La mayor parte de los teléfonos públicos en el Valle de Aburrá funcionan con monedas. TigoUne, la empresa de telecomunicaciones, dice que en teoría debería haber uno por cada 100 habitantes.
Pero en todo el Valle de Aburrá, donde el Dane calcula que viven más de 3,8 millones de personas, la compañía reporta que hay 8.102 teléfonos, de los cuales 6.666 están en Medellín. Es decir, en la práctica hay un estimado de un teléfono por cada 470 habitantes.
La cantidad es significativa si se compara, por ejemplo con Bogotá, donde ETB (empresa local de telefonía) inició un proceso de desmonte gradual de sus casi 7.000 teléfonos. Entre 2017 y 2018, de acuerdo con cifras oficiales, se retiraron unos 1.000 equipos con el argumento de que su mantenimiento es costoso, la cantidad de llamadas diarias bajó 57 % en el último año y las ganancias pasaron de $739 millones en 2012 a menos de $250 millones en 2017.
Aquí el uso se mantiene. TigoUne reportó que en el Aburrá cada mes se realizan unos 5,8 millones de llamadas desde teléfonos públicos, aunque no especificó qué ganancias obtiene por esa operación.
Lo que sí se sabe es que por cada minuto de comunicación, el sistema cobra $100 al usuario, pero es posible que la llamada salga más cara, pues el teléfono no devuelve. Es decir, si el ciudadano introduce una moneda de $500 y habla solo dos minutos, el aparato no le regresa los $300 que, en teoría, le sobran.
Hace un par de años el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, emprendió acciones para que esos excedentes fueran declarados bienes mostrencos (sin propietarios) y se los entregaran a ellos, pero la pretensión no ha prosperado.
Un fijo para llamar a celular
Cristina Mena vive hace 5 años en la comuna 13 de Medellín. En la esquina de su casa hay un teléfono público gratuito, pero para ella, de 22 años, este es un objeto extraño.
Confiesa que nunca lo ha tocado y que desde que llegó al barrio pensó que era un dispositivo averiado, hasta que hace un año vio a una de sus vecinas usarlo. Emocionada fue a llamar a su mamá, pero la misma vecina le dijo que solo podía llamar a fijos locales. “¿Quién a estas alturas llama a un fijo?”, cuestiona la joven madre.
Para ella, que se comunica con sus padres en Chocó mediante celular, el aparato es más un elemento decorativo.
“Me gustaría que lo cambiaran por uno de moneda, porque esos dejan marcar a celular. A veces doña Sandra, la señora de la tienda, no abre y uno se queda sin poder hacer recargas. Y el teléfono más cercano está a 15 minutos caminando”, agrega.
Algunos funcionarios y contratistas del área de teléfonos públicos de TigoUne confirmaron que la solicitud de cambio de teléfono es usual.
“A medida que sube el nivel de vida y la capacidad adquisitiva en en los barrios, la gente pide cambio de teléfono. Es que, mire, el 60 % de las llamadas que se hacen desde los públicos son a celulares”, contó uno de ellos.
Los teléfonos sin moneda, reportó TigoUne, únicamente se encuentran en barrios de estrato 1 y en sectores rurales (corregimientos) y solo permiten llamadas a teléfonos fijos dentro del Aburrá.
La distribución geográfica de las demás cabinas telefónicas se define con base en las normas de ordenamiento territorial, dando prioridad a las zonas cercanas a parques y vías. Además, hay un programa de gestión comercial que estudia en qué hospitales, centros educativos, centros comerciales o sitios de transporte se requieren nuevos teléfonos.
Usos y abusos
En la Avenida Las Vegas, en medio de una zona comercial y de servicios, se cuentan más de cuatro teléfonos públicos en menos de un kilómetro. Cerca de ellos se han establecido comerciantes informales que usan la cabina como protección contra el sol y el agua.
José Restrepo es uno de ellos. Este vendedor de dulces y cigarrillos además sacó provecho de una particularidad de los teléfonos: pueden recibir llamadas.
“Ya mi familia sabe cuál es el número y me marca. Ellos avisan cuándo, por WhatsApp, y yo estoy pendiente porque la llamada sí entra, pero eso no suena. Así me ahorro mis minutos”, explicó.
Uno de los técnicos de TigoUne reveló que ese tipo de irregularidades se detectan por el sistema y desde las centrales bloquean temporalmente la recepción de llamadas. “En el centro es muy común ver mensajeros o comerciantes que cogen la cabina de oficina y hasta le pegan avisos”, comentó.
El otro problema con el que a menudo se encuentran los 80 funcionarios —entre empleados y contratistas— del área de teléfonos públicos de TigoUne es el vandalismo. Aún se presentan casos en los que habitantes de calle o transeúntes usan plásticos y alambres para bloquear la salida de monedas.
Por daños como esos, explica uno de los encargados de mantenimiento, se arreglan entre 20 y 22 teléfonos en el Centro de la ciudad. En barrios residenciales, como Laureles y El Poblado, esa cifra apenas llega a dos.
El trabajo más duro es lavar las cabinas, que se hace cada tres meses. Hay que cuidarlos, son de todos. El técnico agrega: .“El teléfono está conectado a un sistema y este, como si fuera una persona, envía una señal que muestra dónde está y qué le pasa”.
Fuente: El Colombiano