El representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, Jorge Gómez, quien protestó en el Congreso por la judicialización de 5 mineros ilegales de Segovia, parece desconocer lo que ocurre en el sector en este municipio.
Aunque calificó el hecho como un falso positivo, el tribunal que llevaba la causa en contra de Edwin Castañeda, Ricardo Monsalve, Ángel Álvarez e Ismael García dictó prisión domiciliaria contra estos por seguir relacionados con la investigación de crimen organizado en el nordeste antioqueño.
Solo uno de los detenidos logró la libertad plena tras la acusación de la Fiscalía 63: Ramiro Guerra.
Si el nexo entre estos mineros ilegales con hechos delictivos no existe y son inocentes, ¿por qué emitiría un juez prisión domiciliaria?
Los crímenes por los cuales se les acusó fueron tráficos de explosivos, concierto para delinquir, explotación ilícita de yacimiento minero y contaminación del medio ambiente con mercurio.
Además, hay un señalamiento aún no judicializado en contra del grupo por supuesta extorsión a la mina El Cogote, un delito que relacionaría al grupo de Edwin Castañeda con la campaña de su primo, Eliober Castañeda, quien fue presidente de la Mesa Minera y hoy busca ser candidato a la alcaldía de Segovia.
Mientras siguen transcurriendo las investigaciones, esa Mesa Minera, que avala la explotación ilegal que ejercen algunos de sus miembros, convoca a actos de protestas con el fin de levantar los ánimos y arrimar a Segovia y Remedios hacia un paro similar al de 2017, cuando hubo 3 muertos y más de 50 heridos en 43 días de violencia.
A este llamado a plantón del jueves 23 de mayo, el sector comercial se negó a participar, pues justamente argumentó que las consecuencias de aquellos desafortunados hechos todavía hacen mella en el gremio. Además, sostiene que no se ha visto avances en los acuerdos sostenidos tras aquel período de manifestaciones y enfrentamientos.
