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¿Remedios, el pueblo con más asesinatos del mundo?

En este municipio del nordeste antioqueño han matado a 60 personas este año
y solo tiene 33.000 habitantes.

ÁLVARO GUERRERO ARANGO
Al menos 60 personas han sido asesinadas dentro de los 1.985 kilómetros cuadrados que tiene Remedios, un municipio del Nordeste antioqueño en el que viven 33.000 personas, principalmente en zonas rurales. Como se sabe, en Remedios se vive de la minería del oro y el monopolio de la violencia lo tuvieron las Farc hasta la firma de los Acuerdos de Paz en 2016. Desde entonces, grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el ELN y las disidencias de las Farc están en una guerra atroz que nadie parece sopesar.

Según el portal de datos alemán Statista, las ciudades más peligrosas del mundo según la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en 2021 fueron Tijuana, con 138; Acapulco con 110 y Caracas con 100. La primera ciudad colombiana en el ranking fue Palmira, con 47 homicidios.

En Remedios, a falta de dos meses para que se acabe el año, la tasa sería de 182 asesinatos por cada 100.000 habitantes, más alta que la de cualquier ciudad del mundo en el 2021 de la que se tenga registro. Sería, porque en Remedios no hay todos esos habitantes, y porque muy probablemente haya un subregistro pues a los cadáveres se los comen los gallinazos antes de que el Ejército o la Policía se atrevan a llegar a una vereda rural a hacer un levantamiento. Sin embargo, si se bajara la escala del indicador a asesinatos por cada 10.000 o 1.000 habitantes, la historia sería otra y estaríamos ante el pueblo más violento del mundo.

Se trata de un consenso: casi todo el que llega a Remedios dice que el ambiente es pesado, incómodo. Es difícil de explicar, la gente lo asocia con las energías, con la fama de brujería y hasta de satanismo que tiene el pueblo. Pero lo cierto es que el terror que viven desde hace un par de años los remedianos no es del más allá, es del más acá.

El Nordeste siempre ha sido una región apetecida por los grupos armados, principalmente por tres razones. La primera es su estratégica ubicación geográfica, conecta —a través de carreteras casi intransitables de piedra y polvo construidas por las mismas comunidades— al Norte y al Bajo Cauca antioqueño con el Magdalena Medio y con el Sur de Córdoba. Una ruta clave para el tráfico de drogas, armas y tropas.

La segunda razón es que detrás de cada piedra sale oro o plata. Antioquia es el departamento con más títulos de exploración aurífera en el país y el Nordeste —región de 10 municipios— representó en el 2020 el 80% de la producción del oro legal del departamento; oro que se vendió en más de 40 millones de dólares.

La tercera razón es la poca o nula presencia del Estado para proteger a sus ciudadanos. Luego de la firma de los acuerdos de La Habana, el ELN y las AGC llegaron mucho antes que las instituciones del Estado para cubrir el hueco de autoridad que dejaron las Farc. Desde entonces, están en una guerra por el control de las rutas cocaleras, las minas, el ganado y la extorsión.

Las veredas

Desde hace meses, las organizaciones humanitarias, líderes sociales y hasta la Defensoría del Pueblo están pidiendo auxilio. Basta con dar una vuelta por el pueblo para darse cuenta de que allí mandan las “autodefensas”: “AGC presentes”, “muerte a sapos”, se lee en la mayoría de las casas cercanas a la iglesia y a la estación de Policía.

Un par de kilómetros por fuera del casco urbano aparecen otras empresas de vigilancia y muerte: el ELN y las disidencias de las Farc, quienes se aliaron para frenar la arremetida de las AGC.

A las veredas, de nombres bellos como Carrizal, Cañaveral o El Carmen, donde vivieron la mayoría de asesinados, no entra nadie a visitar sin tener al menos un permiso firmado por los líderes de la Junta de Acción Comunal. Ese salvoconducto hay que presentarlo en los retenes que tienen montados hace mucho rato los grupos armados y que comienzan a solo media hora de camino desde las oficinas de los alcaldes de Remedios y Segovia.

La vida rural entre Remedios y Segovia —muchas veces es difícil determinar qué parte del territorio corresponde a cada municipio, excusa perfecta para dejar a los muertos en el limbo— está determinada por la ley de los elenos y de los disidentes de las Farc. Ellos deciden a qué horas empieza el día y a qué horas termina, la cantidad de mujeres que pueden entrar a un bar y hasta qué horas, los castigos por malas conductas y los montos de las vacunas. Según cuentan, la extorsión es progresiva: al que le va bien paga más que al que le va mal.

A la vereda El Carmen, por ejemplo, donde en agosto los habitantes hicieron un refugio humanitario para casi 700 personas, los únicos que pueden entrar son los empleados de la funeraria del pueblo. Allá no entra ni la Defensoría, ni el Ejército, ni la Policía, ni el Alcalde. Tampoco entra la señal del celular. Hay que comprar “pines” para conectarse por horas.

Desde la iglesia del pueblo hasta El Carmen hay más o menos 70 kilómetros, pero para llegar hasta allá hay que recorrer una trocha imposible durante más de cuatro horas. Una trocha rodeada de montañas peladas y retroexcavadoras a cada lado. También, al borde del camino aparecen mujeres chatarreras, asomándose debajo de cada piedra como quien levanta una alfombra para sacar el polvo. Después de la primera hora de recorrido, en las chozas de madera donde se venden helados, gaseosas y pines de celular cambian los grafitis de AGC por ELN.

Las víctimas

Al menos 10 de los 60 asesinatos selectivos de este año han sido a habitantes de El Carmen. El de Élmer Lenín Guerra ha sido tal vez el más doloroso, pues fue el encargado de la logística de ese refugio humanitario. Lenín fue capturado junto con su esposa por grupos paramilitares en ese primer retén —del que ya sabían el Ejército, la Policía, el Alcalde y todo el pueblo— pocos días después de que se levantara el refugio, cuando regresaban de reunirse con embajadores en Bogotá y con miembros de la Gobernación de Antioquia. Al otro día, apareció muerto y torturado muy cerca del lugar donde había sido capturado, en un sector conocido como El Aporreado. El cuerpo, como es costumbre, lo recogió la misma comunidad. Su esposa, Yuliana Galeano, quien era la secretaria de la JAC de El Carmen apareció viva en el Parque de Segovia al día siguiente del asesinato de su marido. Tuvo que huir.

Después de la muerte de Elmer Lenín, en Remedios ya casi nadie habla del conflicto, y con razón. Los líderes de las organizaciones de derechos humanos viven escondidos, la Defensoría del Pueblo, que ya ha emitido dos alertas tempranas contundentes desde el 2020, no sabe qué más hacer, y la gente ya se mamó de los consejos de paz y de los actos simbólicos que organiza cada tanto la Gobernación.

Ya nadie habla porque saben que la situación está más que diagnosticada pero las soluciones no aparecen. Además, les parece sospechosa la pasmosa reacción de la fuerza pública.

Pues no son a los guerrilleros, ni a los paras ni a los vendedores de droga a los que están matando en el Nordeste. Son campesinos, comerciantes, líderes comunitarios, enfermeros a quienes asesinan por sospecha. Porque tal vez habló con “equis” o es amigo de “ye” o porque le pidió permiso a “zeta”.

La Policía también prefiere el silencio. El único autorizado para hablar, el Conorel Daniel Mazo no quiso hablar. La insitutción tampoco quiso compartir la cifra exacta oficial de los homicidios en el municipio. El secretario de Seguridad y Justicia de Antioquia, Oswaldo Xapata, se comprometió a responder algunas preguntas pero hasta el cierre de esta edición no lo hizo.

El 7 de octubre, cuando ya el municipio llevaba ventaja en la vergonzosa lista de los asesinatos por habitantes en el mundo, la Gobernación de Antioquia instaló un “Puesto de Mando Unificado por la Vida” en Remedios. El propósito de este PMUV era “hacer un diagnóstico y adquirir compromisos puntuales orientados al cuidado, la defensa y la protección de la vida”.

Dos días después, en la “Loma quita sueño” encontraron el cadáver de José Raúl Espinoso, un venezolano de 25 años. El 17 del mismo mes le llegó el turno a Johnny Stiven Londoño, el enfermero del Comité de Salud del corregimiento de Carrizal, en Remedios. La noticia de su muerte se conoció por la cuenta de Twitter de la principal organización de derechos humanos de la región: Cahucopana, e iba acompañada de un pedido: “Urgente que se haga el levantamiento del cadáver ya que se encuentra a la intemperie”. La misma petición se repitió el 31 de octubre, cuando en el mismo punto apareció muerto José Luis Rondón Meza, de 30 años. La Secretaría de Gobierno, Paz y Noviolencia de la Gobernación rechazó los asesinatos por Twitter.

Lo que las víctimas llaman desidia tuvo su colmo la semana pasada en otra vereda de Remedios, el día de los muertos: un hombre asesinó a puñaladas a su esposa, la comunidad lo atrapó y lo amarró a un poste a la espera de que alguien fuera por él. El chisme y la foto del hombre atado con cuerdas se regó por todo el pueblo, y 10 horas después fue un grupo armado el que lo recogió y lo asesinó.

En un nuevo esfuerzo por llamar la atención por fuera de las redes, Cahucopana convocó a un evento llamado “En cuentro Humanitario por la vida y diálogo regional por la Paz Total” que se llevó a cabo en El Carmen con autorización de los grupos armados durante los dos primeros días de noviembre, y en el que el invitado estelar era el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien llegó hasta al territorio donde en un día como cualquier otro solo entra el sepulturero. En el evento también participaron el ICBF, el Sena, la Defensoría del Pueblo y las alcaldías de Remedios y Segovia. Con el temor que significaba desandar los pasos de tantos muertos, más de 200 personas llegaron hasta el lugar para comer y recibir atención médica, psicológica y legal.

Mientras las chivas dispuestas por las ONGs organizadoras del evento salían de los pueblos para las veredas el pasado primero de noviembre, el gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria, hacía una visita a la vereda La Cruzada, en Remedios, donde marchó con miles de personas vestidas de blanco para darle el pésame a la familia de Maximiliano Cano, el niño de 6 años asesinado y desaparecido por su propia familia en un ritual satánico, según la Fiscalía. Gaviria prometió invertir en la escuela y en el colegio del barrio donde vivía y estudiaba Maximiliano, aseguró que seguiría trabajando por la paz de la región y se despidió sin subirse a la chiva, desaprovechando la oportunidad de llegar al territorio sin encontrar cadáveres en el camino