El coliseo Jaidukamá del municipio de Ituango recibió en la tarde del 19 de marzo a miembros de la Contraloría General de la Nación, quienes escucharon peticiones de la ciudadanía, organismos locales, regionales y nacionales sobre las afectaciones que ha dejado el proyecto hidroeléctrico que desarrolla EPM cerca a ese territorio.
Los ánimos se caldearon entre los asistentes cuando se abordó el tema sobre el uso del coliseo. Este espacio ha estado cerrado desde mayo de 2018 y según el movimiento de derechos humanos Ríos Vivos, ha sido destinado para el albergue de familias desplazadas por la ejecución de la obra.
Cristóbal Giraldo, presidente de la Asociación de Víctimas, dijo que “si EPM no hubiese sacado a estas familias del río Cauca, no estarían viviendo en estas condiciones. Lo que han hecho aquí en inversión social son obligaciones que ellos deben cumplir”.
Algunos de los residentes que asistieron al evento afirman sentirse afectados por Ríos Vivos, ya que la ocupación del coliseo es solo un método de presión a EPM para lograr más reparaciones.
“Traen gente de Toledo, Sabanalarga y otros municipios para que parezca que hay familias enteras, pero la realidad es que aquí solo mantienen dos o tres personas vigilando para mantener el coliseo cerrado y tener una comunidad entera afectada”, afirmó Maria Victoria Zapata Yepes, rectora del colegio Pedro Nel Gómez de Ituango.
“Hay gente indemnizada varias veces y siguen buscando más. El municipio les abrió las puertas durante la contingencia pero no pensamos que se tomarían el espacio por tanto tiempo”, subrayó Zapata Yepes.
Comunidad reclamó
Grupos de jóvenes deportistas de diferentes disciplinas asistieron al acto para sembrar su voz de protesta y exigir la devolución del coliseo. Varios de ellos, con micrófono en mano, hicieron reclamos airados y afirmaron que la imposibilidad de desarrollar sus prácticas deportivas dejaba la juventud del municipio a merced de las drogas y la delincuencia.
A ellos se sumaron otras personas que se acercaron al recinto para ser escuchados.
“A Ríos Vivos le digo yo, como padre de familia, este no es el sitio para protestar”, exclamó un campesino que participó del evento.
Por su parte, José Iván Posada, residente del municipio, dijo sentirse beneficiado con el proyecto, ya que Ituango pasó de ser un territorio olvidado a un municipio en vía de desarrollo, con carreteras pavimentadas y mejores servicios en salud.
La Contraloría General de la República hace presencia en Ituango desde el pasado 1 de marzo, cuando una comisión recorrió diferentes zonas del territorio con el objetivo de conocer las afectaciones de la población por cuenta de la hidroeléctrica.
Fuente: El Colombiano
