Progreso de la mesa de paz con grupos delincuenciales en el Valle de Aburrá sin una legislación clara a la vista

Avances en la mesa de paz con bandas del Valle de Aburrá a pesar de la falta de legislación

El rechazo en el Congreso del proyecto de ley para el sometimiento de grupos del crimen organizado, que buscaba regular los diálogos de paz con las bandas urbanas, resultó ser un alivio para los líderes de las bandas del Valle de Aburrá que están en conversaciones con el Gobierno.

Fuentes cercanas a estas organizaciones confirmaron que desde el principio se oponían a una ley que, según ellas, no incluía sus demandas, era difícil de cumplir y ofrecía menos beneficios que el sistema penal ordinario.

La iniciativa, liderada por el Pacto Histórico y promovida en el Congreso por el senador Ariel Ávila, quedó estancada al finalizar la legislatura el 20 de junio. Si la Casa de Nariño está interesada en revivirla, tendrá que presentarla nuevamente a partir del 20 de julio, y es posible que incluya algunas de las demandas de las bandas, como la repatriación de extraditados y más penas alternativas a la prisión.

Incluso para la delegación del Gobierno en la mesa de paz del Valle de Aburrá, el hundimiento del proyecto de ley tampoco tuvo un impacto significativo. Según Jorge Mejía, coordinador de dicha delegación, “no había muchas expectativas con ese proyecto de ley, ni por parte del Gobierno ni de las estructuras armadas”.

Añadió que “durante el proceso legislativo se encontraron una serie de asuntos que el proyecto no abordaba, por lo que la idea es presentarlo nuevamente en la próxima legislatura”.

¿En qué punto se encuentran las negociaciones?

La mesa de diálogo se instaló el 2 de junio en la cárcel de Itagüí, cuando el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, presentó a las delegaciones del Gobierno y de las bandas en un acto público. Sin embargo, hasta ahora no se ha llevado a cabo la primera reunión oficial entre las partes.

Esto no significa que no estén trabajando, enfatizó Mejía. “Seguimos avanzando en la elaboración de los protocolos, que ahora serán varios, y en la adecuación del espacio en la cárcel”, dijo.

Los protocolos que están discutiendo actualmente buscan: 1) Definir las funciones de los miembros de la mesa, como delegados, garantes y testigos internacionales; 2) Determinar el quórum mínimo y la frecuencia de las sesiones, que podrían ser quincenales durante ocho horas, respetando la jornada carcelaria; 3) Establecer cuándo se llevarán a cabo sesiones extraordinarias y por qué motivos; 4) El mecanismo de intervención social en los territorios donde tienen influencia las bandas, por ejemplo, a través de programas institucionales para jóvenes; 5) Las acciones a seguir en caso de contingencias.

Mejía señaló que los delegados del Gobierno van a Itagüí al menos una vez por semana. “También estamos acondicionando un espacio de aproximadamente 30 metros cuadrados dentro de la cárcel, que será el lugar para las discusiones. La Mapp OEA ya donó las computadoras”, agregó.