Una solución que se convirtió en un encarte, eso son hoy en día la mayoría de los cables aéreos que existen en las regiones de Antioquia. La frase que sintetiza el problema podría ser: “regalados son caros”, pues en eso coinciden las alcaldías de Jardín, Jericó, Nariño, San Andrés de Cuerquia, Argelia y Yarumal, localidades a las que la Gobernación de Antioquia les quiso donar toda la infraestructura, y que por falta de recursos para operarlos dejaron de funcionar.
La situación es idéntica a la que EL COLOMBIANO evidenció el 2 de octubre de 2017, cuando publicó el primer informe sobre los teleféricos del departamento. En aquel entonces solo surcaban los cielos el de Sopetrán, financiado por la comunidad, y el de Gómez Plata, operado por EPM.
Tal es el abandono por parte de la Gobernación que tras la negativa de los municipios para recibirlos, anunció que el destino de los mismos se conocerá dentro de cuatro meses, cuando salga un estudio que determinará si conviene venderlos o desmontarlos.
Una inversión efímera
Para la construcción de seis de los ocho teleféricos —en la administración de Aníbal Gaviria— la inversión fue de $15.088 millones, que el Departamento repartió de la siguiente manera: $3.465 millones para San Andrés de Cuerquia, $3.200 para Yarumal, $2.840 para Nariño, $1.970 millones para Jericó, $1.880 millones para Jardín y $737 millones para Argelia. Además se destinaron $988 millones para repotenciar el de Sopetrán.
En 2011 comenzaron los síntomas de escasez. Pese a la buena acogida inicial de los cables que, por ejemplo, en Jericó permitió movilizar a más de 15.000 personas en 2007, las alcaldías no recolectaban en pasajes lo suficiente para financiar el mantenimiento de los sistemas.
A partir de ese año, los teleféricos solo funcionaron esporádicamente. Durante la actual gobernación se destinaron $300 millones para cada municipio, lo cual permitió que los de San Andrés de Cuerquia, Nariño, Yarumal y Argelia funcionaran 6 meses en 2016; y los de Jericó y Jardín entre noviembre y abril de 2017.
El de Sopetrán no recibió inyección de recursos y su funcionamiento quedó en manos de campesinos que no se resignaron a perder su principal medio de transporte, mientras que el de EPM en Gómez Plata funcionó sin interrupción.
¿Qué dice la Gobernación?
Para la administración departamental en vez de ser un activo motivo de orgullo, el tema es una papa caliente. Tal es la incertidumbre que desde enero de este año se creó una comisión técnica en cabeza del abogado Hugo Alexander Díaz, en la que participan las secretarías General, Agricultura, Infraestructura, Hacienda y el gerente de Maná; para determinar el futuro de los seis cables que están varados por plata.
Lo primero fue explorar la posibilidad de asegurar que los cables volvieran a funcionar y hacerle una donación a los municipios:
“Los bienes muebles (cables, cabinas) son propiedad del departamento y los inmuebles (torres, estaciones) de los municipios, y lo que se intentó era entregárselos para que los operaran, pero todos manifestaron que no era viable porque era muy costoso y la función de la mayoría era netamente social”, indicó Díaz.
Algunas comunidades como las de Nariño, incluso, se cansaron de esperar que el cable volviera a volar y decidieron en conjunto con la alcaldía abrir vías a pico y pala para suplir las necesidades de transporte.
Jardín y Jericó, los dos municipios de la lista con más vocación turística, intentaron negociar la operación de los cables con las cajas de compensación Comfenalco y Comfama, pero el negocio quedó a mitad de camino y por ahora no hay acuerdo.
Además, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reglamentó los parámetros para operar los cables aéreos en Colombia y, para cumplir esa normativa, los técnicos de la Gobernación indican que el Departamento tendría que hacer una inversión grande en los cables y habría que pagar pólizas muy altas para poder funcionar con todo en regla, lo que complica aún más el asunto.
La importancia social de los sistemas
En Yarumal, Nariño, San Andrés de Cuerquia, Argelia y Sopetrán, los teleféricos conectan zonas rurales apartadas del casco urbano, por lo cual sirven a familias campesinas para el transporte de personas y de productos agrícolas.
Héctor Miranda Orrego, presidente de la junta de acción comunal de la vereda Guatocó, en Sopetrán, confesó que sin el cable quedarían varados y les tocaría abandonar sus fincas, pues en las cabinas sacan las frutas y el café que sustentan la economía de sus hogares.
Reveló que el año pasado la comunidad invirtió $27 millones en el mantenimiento del sistema, pero ahora necesitan otros $20 millones para tensionar el cable y evitar el deterioro de la infraestructura.
“Los turistas ya no vienen porque esto está muy descuidado, casi que es exclusivo para la comunidad. Ojalá que el señor gobernador Luis Pérez se ponga la mano en el corazón y nos ayude a no perder nuestro único medio de transporte”, dijo.
Estefanía Restrepo Mesa, secretaria de Planeación de Jardín, rechazó la idea de desmontarlo y confesó que en el municipio están a la expectativa porque desean reactivarlo. Por lo pronto, pasan un informe periódico al Departamento de los actos vandálicos y los rompimientos que a veces sufre el cable del pueblo.
“Para mí ha sido negligencia de la actual gobernación. Los construyeron con sentido social y no como negocios para ser rentables o autosostenibles. Uno se pregunta por qué dos administraciones apoyaron el proyecto y le dieron recursos”, concluyó un alcalde, que prefirió que su nombre quedara en el aire al igual que el futuro de los cables.
Fuente: El Colombiano
