En tres años, de 2015 a 2017, 356 niñas y adolescentes fueron asesinadas en Colombia, según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En el mismo periodo la Fiscalía General de la Nación abrió 64 procesos por feminicidio contra menores de edad, un delito que está tipificado en el artículo 104A del Código Penal.
Esto significa que sólo el 18% de los asesinatos de niñas fueron o están siendo judicializados como delitos de género. De ellos, el 64% no ha llegado a la ejecución de penas (41 procesos) y sólo 7 indiciados están en averiguación, según datos de la Fiscalía.
Es cierto que no todos los homicidios de mujeres, en este caso de niñas, concuerdan con lo que la ley Rosa Elvira Cely describe como un feminicidio, pero una de las claves está en que el homicida sostuviera una relación de confianza con la víctima, expresada en amistad, familiaridad o convivencia.
Pues bien, al menos 119 niñas fueron asesinadas dentro de su vivienda, según Medicina Legal, entre 2015 y 2017.
Solo el 18% de los asesinatos de niñas fueron o están siendo judicializados como delitos de género
Gloria Cecilia Guzmán dijo a los nueve años que la soledad es uno estar joven. Su definición quedó consignada en el libro Casa de las Estrellas de Javier Naranjo y sirve para entender la situación de miles de niñas y adolescentes en el país: aunque la Ley las protege, aunque existen instituciones dedicadas a la promoción y garantía de sus derechos, aunque la sociedad civil y las instituciones religiosas se han organizado para acompañarlas, a pesar de todos los esfuerzos académicos y activistas, ser joven y mujer en Colombia sigue encarnando una enorme soledad.
Si no, ¿cómo explicar que el segundo lugar en el que los hombres más asesinaron a las niñas colombianas fue la vía pública? Esto pasó 189 veces desde 2013 hasta 2017. Además, el tercer escenario de los homicidios fueron los espacios al aire libre, terrestres y marítimos, con 115 casos, sin contar las autopistas y avenidas dentro de la ciudad, que sumaron 12.
En un lapso de 5 años, 316 veces una niña colombiana fue asesinada ante la mirada de transeúntes y desprevenidos. Y aún no hay cifras del 2018.
En Colombia, los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y gozan de un interés superior para el Estado. La Ley de Infancia y Adolescencia exhorta a la corresponsabilidad entre instituciones y sociedad para el cuidado de su salud y libre desarrollo. Significa que la Protección Integral de esta población es deber de todos los adultos colombianos, sin importar si son familiares o no de los niños, si trabajan o no en el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).
Una muerte que empieza por el cuerpo
La violencia con la que en Colombia se trata a las mujeres menores de edad no se expresa sólo en su mortandad indiscriminada. Lo sabían Javier Ignacio Ramírez a sus seis años, cuando le dijo a Javier Naranjo, autor de Casa de las estrellas que violencia es cuando “uno coge una muchacha y le hace el amor” y Tatiana Ramírez, de siete años, cuando respondió que violencia “es que los niños y las personas están violados”.
El Instituto de Medicina Legal colombiano reporta 79.334 niñas y adolescentes que presuntamente fueron víctimas de un delito sexual entre 2013 y 2017. La mayoría de ellas, 38.609, tenían entre 10 y 14 años en el momento de la agresión.
En el mismo periodo, la Fiscalía General de la Nación abrió 67.207 casos por violencias sexuales contra niñas y adolescentes. Los delitos van desde actos sexuales hasta matrimonio servil y esclavitud sexual, pasando por violación, demanda de explotación sexual comercial, inducción a pornografía e, incluso, facilitación de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales con mujeres menores de edad.
Algunas de estas violencias están agravadas por haber sido cometidas con el objetivo de generar temor en la comunidad, por haber producido en las niñas víctimas una enfermedad de transmisión sexual, por dejarlas en embarazo, por cometerse entre dos o más personas o porque el victimario tenía una posición de poder frente a ellas.
De esa cantidad de procesos, sólo el 5,4% ha llegado a la ejecución de penas: 82% continúa en etapa de indagación.
Dos enanos malvados que crecen y crecen
Entre tantas formas de violentar el cuerpo de las mujeres cuando son niñas, dos delitos adquieren cada vez más relevancia por su auge amarrado al turismo y la relación que dibujan con el sórdido mundo del narcotráfico, asunto pendiente en nuestro país: la trata de personas y la Explotación Sexual Comercial de Niños Niñas y Adolescentes (Escnna).
Especial atención merecen las capitales de Antioquia y Bolívar, donde estas violencias crecieron durante 2018. Cartagena pasó de registrar 45 casos de Escnna en todo 2017 a contabilizar 50 solo de enero hasta agosto de 2018, según la Fiscalía General de la Nación.
El caso de Medellín es aún más complejo. La ciudad tiene el índice más grave de Escnna en el país: entre enero y agosto de 2018 sumaba 150 víctimas y en los últimos 5 años ya cuenta por lo menos 935. Sin embargo, de enero a agosto del año pasado había 77 casos menos de los que se presentaron durante 2017, cuando fueron 227.
El fenómeno de la capital antioqueña es tan evidente que ya cuenta con modelos de atención especializados para las niñas utilizadas en Escnna, pero estos presentan un altísimo índice de deserción.
Además en la ciudad crece la trata de personas, un delito que llegó a 13 casos en 2017 y para agosto de 2018 ya iba al doble.
Cali presenta un descenso, al menos parcial, de estas vulneraciones para el último año: hasta agosto se habían presentado 96 casos de Escnna y 6 de trata de personas, lo que significa una reducción de 32 y 5 casos respectivamente, comparado con 2017. Sin embargo, la capital del Valle del Cauca sigue siendo la segunda ciudad donde más se presentan estas violencias.
La injusticia engorda
La impunidad en estos procesos judiciales es aberrante y para la muestra está el proceso número 11054107 de la Fiscalía, que vincula 161 niñas y adolescentes entre 10 y 17 años que eran utilizadas por una red de explotación sexual en Medellín. La noticia sobre el desmantelamiento se publicó ampliamente en enero de 2015 y las condenas, según se avisó en los medios, saldrían pronto. Tres años después, el caso judicial continúa en etapa de indagación, según los datos entregados por la Fiscalía.
Pero esta institución también entregó información global sobre los procesos y las condenas de delitos sexuales en el país entre enero de 2013 y agosto de 2018, con las que tampoco sale muy bien librada:
Juliana Pungiluppi, actual directora del ICBF, ya tiene identificados los retos contra la impunidad de las violencias contra niños en el país: “hay que ver cómo se fortalece el proceso probatorio para que se le crea a los niños y no se les revictimice. Debe ser más ágil y debería haber alineación de las autoridades judiciales en pro de las víctimas sin afectar el debido proceso. Hay que expandir el uso de Cámaras de Gesell y la cobertura de Medicina Legal a nivel nacional. Los delitos no pueden prescribir”.
Al hablar del feminicidio, la directora llama la atención sobre otra vulneración que suele ser previa al asesinato de las niñas: “en los casos que la menor de edad, o alguien cercano a ésta ha denunciado maltrato, hay que identificar si en ese maltrato hay patrones que puedan conducir a un feminicidio”. Pungiluppi dice que “debemos ser incisivos en entender el maltrato, porque muchas veces se puede estar subestimando como un tema de pauta de crianza y se deja de ver la connotación de género que puede haber detrás”.
Maltrato, violencia sexual, feminicidio, cientos de historias de vida breves y atravesadas por el dolor. Sin acciones concretas y compromisos sociales, Colombia seguirá dando a luz mujeres a las que sólo les alcanza la vida para dejar una denuncia más abandonada en el sistema judicial.
Fuente: El Tiempo
