Sin que el gobierno colombiano haya hecho esfuerzos suficientes para contrarrestar el flagelo, la minería ilegal sigue arrasando con todo a su paso en 200 yacimientos que tienen como único titular legal la compañía Gran Colombia Gold (GCG) en Segovia, Remedios (Antioquia) y Marmato (Caldas).
En una carta que la empresa reenvía mensualmente a los órganos del Estado, incluido el presidente Iván Duque, la empresa alerta que sus zonas de explotación legal están “plagadas de mineros ilegales” y que las autoridades no ejercen acciones, como sí se hizo en casos como el de Buriticá, en donde se desalojó 200 unidades mineras ilegales en 2017 y se logró confiscar todo material de explotación para controlar la actividad.
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“GCG ha hecho uso de todos los recursos e instrumentos previstos en las leyes colombianas para proteger sus derechos, con resultados francamente decepcionantes (…) otros inversionistas extranjeros han recibido el apoyo del Gobierno en circunstancias idénticas a las que nosotros nos seguimos enfrentando, mientras que GCG no ha recibido apoyo o protección del Estado”, reza parte del escrito.
De acuerdo con datos de la compañía, las titulares afectadas por la invasión son Gran Colombia Gold Segovia, Minerales Andinos de Occidente, S.A.S., Gran Colombia Gold Marmato, S.A.S. y Minera Croesus, S.A.S., cuya expansión ha sido obstaculizada, sin posible reactivación hasta tanto se resuelva el conflicto.
Minería ilegal produce impacto ambiental irreversible
Sumado al hecho de impedir el desarrollo de sus proyectos, la empresa resalta el grave impacto ecológico que implica la explotación ilegal de oro y plata .Las consecuencias –advierte– son irreversibles.
“Sus métodos precarios de extracción y procesamiento representan un riesgo para la salud y la seguridad de las operaciones de GCG, para los pequeños mineros que trabajan en dichas operaciones y para las personas que viven en el área; además constituyen un desastre ambiental que nunca se recuperará”, señala la carta.
La Gran Colombia Gold reiteró su compromiso de seguir trabajando junto con las autoridades para hallar una solución al problema, pero exhortó al Gobierno acentuar los despliegues policiales y militares necesarios para restablecer la minería legal.
“Estamos dispuestos a coordinar cualquier esfuerzo y buscar la mejor estrategia para enfrentar el problema, antes de que sea imposible el ejercicio de nuestros legítimos derechos mineros en dichas áreas”, señala la carta.
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