No hay tuits, ni publicaciones en Facebook o transmisiones en vivo que ubiquen en qué movimiento está actualmente la llamada Mesa Minera de Segovia y Remedios, pues desapareció del radar tras el impedimento de desalojos legales de minas que protagonizó hace 3 semanas.
El presidente de esa asociación, Jaime Alonso Gallego Gómez, hizo un último pronunciamiento sobre el caso el 14 de marzo, cuando –un día después de los procedimientos fallidos– volvió a condenar el intento de empresas legalmente constituidas de recuperar la explotación de oro en predios adjudicado a su nombre.
Un grupo de integrantes del gremio reunido frente a la unidad minera Las Mellizas, en la vereda El Chicharrón, detuvo la orden de abandonar ese yacimiento, emitida por la Secretaría General y de Gobierno el departamento de Antioquia.
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Otros integrantes de la Mesa Minera también rechazaron el amparo administrativo sobre la mina La Cancha, cuyo procedimiento de desalojo no había sido tan difundido.
Los desalojos legales infructuosos de 2018
Ambas unidades estaban en el ojo del huracán desde finales de noviembre de 2018, cuando la Gobernación ordenó entregarlas a sus titulares legítimos y también se impidió sus desalojos legales.
De acuerdo a términos legales, la sociedad Metales y Piedras Preciosas del Nordeste S.A.S es la que debería administrar Las Mellizas, mientras que La Cancha debería estar en manos de Gran Colombia Gold.
Justamente esa compañía ha denunciado la invasión de 199 minas entre los municipios Segovia y Remedios, sin que el Gobierno haya podido resolver ese conflicto a lo largo los procesos legales llevados a cabo.
Y es que desde 2017, cuando se produjo el paro minero de unos 500 hombres, la Mesa Minera se comprometió a trabajar en una paulatina formalización de su actividad, pero hasta ahora no ha habido cambios fundamentales en la extracción informal de oro en Antioquia.
