Los líos en la siembra de pino en el Nordeste

La adquisición de 23.437 hectáreas por parte de una multinacional chilena para la siembra de pino Tecunumani, en el Nordeste antioqueño, ha generado una serie de controversias con al menos cuatro de los siete municipios en los que tiene cultivos la compañía por los impactos ambientales, económicos y sociales, inherentes a la actividad maderera.

La compra de predios la hizo la Compañía Agrícola de La Sierra Sucursal Colombia, una multinacional, propiedad de dos familias chilenas, que llegó al Nordeste antioqueño en 2006 por invitación del Gobierno Nacional.

Tres años después comenzó a trabajar en reforestación comercial, un proceso de siembra de monocultivos de árboles, cuya madera se utilizará para producir muebles, techos y mesas, entre otros.

Su presencia abarca los municipios de Amalfi, Yalí, Vegachí, Maceo, Caracolí, San Roque y Yolombó. El total de lotes que tiene equivale a una ocupación del 62% del área total de Medellín, según el dato de expansión total de la ciudad de Medellín Cómo Vamos.

Según Jhon Jairo Álvarez, jefe de Operaciones de la reforestadora, tres millones de hectáreas del departamento tienen las condiciones necesarias para este fin comercial. Esto basado en el estudio de la aptitud forestal del suelo del país realizado por el Gobierno Nacional en 2003, para establecer un plan nacional de desarrollo forestal.

En Yolombó, la plantación cubre hasta el momento 4.379 hectáreas de tierra, la más grande de los siete municipios. Para el alcalde local, Amador Pérez Palacio, la siembra tiene un impacto directo sobre los bosques nativos.

“La problemática que tenemos en la actualidad con la reforestadora es por la cantidad de pinos que nos están sembrando, la deforestación que les están haciendo a nuestros bosques nativos centenarios, la profundización de las aguas, el desplazamiento de nuestra fauna y la falta de responsabilidad social hacia las comunidades”, señala el alcalde Pérez.

En el caso de la deforestación, la empresa afirma que es todo lo contrario. “Al inicio del proceso se tenía proyectado dejar el 10 % del área total en protección. Hoy, cuando nos faltan pocas hectáreas por sembrar, ya vamos en el 36,9% de área protegida y creemos que puede llegar hasta 42 %”, anotó Álvarez.

Este aumento en el espacio de reserva se debe a que, a medida que se hace la adecuación de los espacios para la siembra del pino, se van encontrando relictos naturales que por su altura, densidad y normativas ambientales vigentes no pueden ser talados.

“Muchas de esas hectáreas, que fueron compradas para la siembra no serán usadas comercialmente. Así lo ha entendido la compañía que ha estado de acuerdo en proteger esas áreas”, agrega Álvarez.

Pero el alcalde de Yolombó insiste en lo contrario: “Tenemos veredas como Los Totumos y Maracaibo donde podemos afirmar que han hecho una deforestación total”.

Otros municipios vecinos expresaron no tener ningún tipo de comunicación con la compañía. “Sabemos que existen en la zona pero no los conocemos, las quejas ambientales que hemos recibido las hemos transmitido a la autoridad competente”, manifestó Luz Magaly Cañola, secretaria de Medio Ambiente de Maceo.

En San Roque, la alcaldía expresó que tampoco tienen contacto con la multinacional y coincidieron en la preocupación ambiental. “Ellos hablan de reforestación pero hay una deforestación gigante. Las comunidades se preguntan dónde estuvieron las corporaciones ambientales cuándo empezó todo esto”, anotó Juan Fernando Agudelo, secretario de Agricultura del municipio.

Se intentó contactar vía telefónica y escrita a la alcaldías de Amalfi, Yalí y Vegachí, pero de ninguno de los tres municipios se obtuvo respuesta.

Corantioquia, autoridad ambiental de la región, expresó a este diario que en atención a las quejas de los alcaldes, “se han levantado procesos sancionatorios por afectación a fuentes hídricas, por aprovechamiento de bosque natural sin autorización, y quema”.

Manifestaron que actualmente cursan en sus oficinas cuatro procesos sancionatorios, tres en Yolombó y uno en Amalfi, que se encuentran en etapa probatoria o en atención a recursos interpuestos por la empresa.

“El problema con ellos (Corantioquia) es la clasificación que les dan a los terrenos y el uso que se les debería dar. Para ellos hay predios que eran un bosque natural y nosotros consideramos, que en el momento de la compra, eran un rastrojo con un uso forestal avalado por las alcaldías donde antes se hacía ganadería”, afirmó Patricio Aristizábal Valencia, abogado de la reforestadora.

Por su parte, la compañía señaló que también ha presentado denuncias formales a entidades como Corantioquia y la Fiscalía pues, según explica, por sus predios es común ver desfilar caravanas de mulas que llevan ilegalmente madera extraída de las zonas de protección, y, más grave aún, advierte, en las fuentes hídricas que surcan sus predios también se está haciendo minería ilegal por parte de terceros.

“Pusimos 27 denuncias en los últimos 9 meses por situaciones ilegales en nuestros predios. Tenemos invasiones, hasta cultivos de maíz nos han llegado a sembrar y ahí sí no se presentan las autoridades”, anotó Álvarez.

Cuando la empresa hizo la compra de las tierras en los siete municipios, dos escuelas quedaron dentro de sus predios: una en Yolombó y otra en Caracolí. Según los funcionarios de Agrícola La Sierra esto se dio porque las personas que donaron los terrenos para la construcción de las instituciones nunca hicieron el traspaso que correspondía para que quedaran a nombre de las alcaldías.

En Caracolí, Alberto Franco, secretario de Planeación de ese municipio, comentó que el caso se dio con la Institución Educativa Rural vereda Botijas. Anotó que, en todo caso, la escuela tiene que ser trasladada porque sobre ella pasan líneas de alta tensión de energía, que ponen en riesgo la vida de los alumnos. Para tal fin, la reforestadora donó un lote para la construcción de la escuela.

“Como el Municipio no tenía escritura, la comunidad llevaba casi 25 años intentando hacer el traslado de la institución. Ahora con el lote podemos hacer un centro más seguro para los niños”, destacó el secretario Franco.

Otra es la situación en Yolombó. “Allá le hemos rogado a la alcaldía que nos reciba la institución educativa en donación, pero ha sido imposible”, señaló Aristizábal, abogado de la compañía.

No obstante, otra versión tiene el mandatario de los yolombinos. “En los más de tres años que lleva esta administración, ellos (la empresa) nunca se han acercado, no los conocemos siquiera. No tengo para agradecerles ni un confite para nuestra comunidad y el lote de la institución ya le pertenecía hace más de 20 años al Municipio”.

En otro asunto en el que difieren con la reforestadora es en el uso de las carreteras rurales, pues a la administración le preocupa el momento en el que empiecen a hacer la extracción de la madera ya que los vehículos podrían dañar las vías rurales que se están interviniendo con placa huella.

“Hicimos vías internas para el beneficio de toda la comunidad (apertura de tramos). Tuvimos, por ejemplo, el caso de un señor que lloró de felicidad el día que llevamos la carretera hasta su casa”, destacó Álvarez, quien concluyó diciendo que la labor social ha sido un elemento clave en la puesta en marcha del proyecto, aunque reconoció que tampoco pueden suplir la responsabilidad del Estado con sus comunidades.

Fuente: El Colombiano