La controversia sobre la destitución de Nicolás Gallardo

La controversia sobre la destitución de Nicolás Gallardo

El doble rasero en la política de destitución

En los últimos días, ha saltado a la opinión pública la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de Nicolás Gallardo como gobernador de San Andrés, mientras que Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, no fue destituido pese a enfrentarse a investigaciones similares. Este hecho ha generado muchas preguntas sobre la imparcialidad del proceso judicial y político en Colombia.

Un trato desigual entre dos casos similares

El Consejo de Estado, en un fallo reciente, decidió destituir a Nicolás Gallardo tras anular su elección, alegando irregularidades en su proceso electoral. Según las investigaciones, Gallardo había incurrido en prácticas cuestionables durante su campaña, algo que también fue señalado en el caso de Carlos Amaya en Boyacá, quien enfrentó acusaciones similares, pero, sorprendentemente, no fue destituido.

La discrepancia entre ambos casos genera una fuerte sensación de desigualdad y deja en evidencia un posible trato desigual dependiendo de factores como el contexto político o la presión mediática. Mientras Gallardo fue removido del cargo, Amaya sigue ejerciendo como gobernador, a pesar de las investigaciones en su contra.

Un sistema cuestionado

Lo que resulta aún más preocupante es que el Consejo de Estado parece aplicar un doble rasero. A pesar de las similitudes en las acusaciones, la respuesta institucional ha sido diferente para cada uno de los casos, lo que podría poner en duda la imparcialidad del sistema judicial y político. En un contexto donde la confianza en las instituciones está siendo erosionada, decisiones como esta solo aumentan las divisiones y desconfianza en el proceso judicial.

El país necesita que sus instituciones actúen con coherencia y transparencia, aplicando las mismas normas a todos los actores políticos por igual, sin distinciones o sesgos. El trato desigual entre Gallardo y Amaya refleja una falta de equidad en la aplicación de la ley, que debe ser rectificada para asegurar un entorno político más justo y transparente en Colombia.