La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo dos solicitudes a los mandatarios regionales de Antioquia y de Medellín, dentro de un trámite sobre medidas cautelares, para que proporcionen información sobre personas dadas por desaparecidas.
En primer lugar, le solicitó al Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, información sobre la búsqueda de personas desaparecidas en esa ciudad, especialmente en la Comuna 13.
Al Alcalde de Medellín le ordenó “remitir dentro de los diez días siguientes a la comunicación de esta decisión, toda la información relacionada con el ‘Plan de Atención a la Desaparición Forzada en Medellín’, en cuanto a la planificación, implementación, compromisos, presupuesto, acciones, equipos profesionales y conclusiones a las que se haya llegado con ocasión de las estrategias planteadas dentro de tal plan, fundamentalmente, en lo concerniente a la Comuna 13.
También le requiere “toda la información con que cuente acerca del apoyo, capacitación y lo realizado en cuanto a búsqueda, exhumación e identificación de cuerpos de posibles víctimas del delito de desaparición forzada por parte de la empresa Falcon High Tech en la mencionada ciudad. Para el envío de la mencionada información se concede el término de diez días”.
Y al gobernador de Antioquia, Luis Pérez, a EPM y a la empresa Socya la JEP les solicitó entregar información sobre la búsqueda de personas desaparecidas en los municipios aledaños al proyecto Hidroituango.
En la decisión, la JEP resolvió: “Solicitar al gobernador de Antioquia, remitir a esta Sección el contrato celebrado y demás documentos relacionados con la fundación Socya, quien a partir del contrato celebrado con Empresas Públicas de Medellín (EPM) y con la Fiscalía General de la Nación se encargó de ubicar posibles lugares de inhumación en sitios de interés para el proyecto de Hidroituango. Esta información deberá remitirse dentro de los diez días siguientes a la comunicación del presente Auto”.
La Sección para los casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, instancia del Tribunal para la Paz de la JEP que tomó esa decisión, decidió abrir un incidente de medidas correccionales contra los alcaldes de San Onofre, Maida del Carmen Balseiro López; de Nechí, Miguel Enrique Franco Melo, y de Cáceres, José Mercedes Berrío Berrío por desobedecer órdenes impartidas respecto a la solicitud de información respecto a los posibles lugares donde podrían estar fosas con personas desaparecidas.
Esto se debe al estudio de la solicitud de medidas cautelares, promovidas por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), que procura el cuidado, la protección y la preservación de 16 lugares del territorio nacional ubicados en Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre. En estas áreas habría cuerpos de posibles víctimas del delito de desaparición forzada.
Los 16 lugares por establecer se encontrarían en Medellín, Tarazá, Ituango, Valdivia, Cáceres, Yarumal, Nechí, Peque, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, Buriticá, Betulia y Puerto Berrío (Antioquia), La Victoria, Riosucio, La Dorada, Samaná y Norcasia (Caldas), Lebrija, San Vicente de Chucurí y Cimitarra (Santander), Aguachica (Cesar) y Sincelejo, Corozal, San Marcos y San Onofre (Sucre).
Desde el 14 de septiembre de 2018, la Sección vinculó a la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y estableció que para resolver la solicitud de las medidas cautelares debe contar con la mayor cantidad de información posible.
Hasta el momento, la JEP cuenta con información remitida por gobernaciones, alcaldías y la Fiscalía General de la Nación, entre otras instituciones vinculadas en este trámite.
Sin embargo, la información aún no es suficiente para avanzar y por eso hizo dichas solicitudes a los mandatarios paisas, y hace de nuevo una requerimiento de la dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía, pues no entregó toda la información relacionada con la desaparición forzada relacionada con esos 16 lugares.
También a esa dependencia le pide que entregue información “con que cuente acerca de la asesoría prestada por parte de la empresa Falcon High Tech, para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en la ciudad de Medellín, especialmente en los lugares “La Escombrera” y en el cementerio “Universal”” y también información relacionada “con las 18 víctimas del corregimiento de Rincón del Mar y las 90 del municipio de San Onofre que, según la Gobernación de Sucre, han recibido el apoyo de la Defensoría, y son familiares de personas que presuntamente fueron víctimas del delito de desaparición forzada.
A la dirección de Justicia Transicional también le pide que entregue información sobre las labores de búsqueda, exhumación, recolección de restos óseos e identificación de personas llevadas a cabo en distintos municipios.
Asimismo le pidió a la Fiscalía “todas las Versiones Libres rendidas por los postulados de los bloques Cacique Nutibara y Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia, dentro del proceso reglado por la ley 975 de 2005”, conocida como la ley Justicia y Paz, la justicia transicional para el proceso de desarme de los grupos paramilitares adelantada bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.
Fuente: El Tiempo
