El bajo Cauca es una de las regiones de Colombia más afectadas por la violencia. Según las cifras de la Gobernación de Antioquia, las cifras de homicidio en la región se triplicaron en 2018.
El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, realizó una misión humanitaria a esta zona, que además de la violencia, sufrió los efectos de la emergencia de Hidroituango.
A las amenazas y ataques contra líderes sociales y la presencia de grupos armados ilegales, se suman la falta de oportunidades de empleo y deficiencias en los servicios de salud y educación.
En los cuatro días que permaneció en la zona, Negret recibió denuncias sobre reclutamiento de menores, falta de presencia del Estado e incluso abusos por parte de miembros de la Fuerza Pública.
Defensor, ¿qué encontró en los cuatro días que estuvo en el sur de Córdoba y el Bajo Cauca?
“Hambre, desolación. Hay Fuerza Pública, hay Fuerzas Militares, Policía Nacional, pero estos grupos como el ‘Clan del Golfo’, ‘Los Caparrapos’, el Ejército de Liberación Nacional, las disidencias del frente 18 y 36 están generando desasosiego en la comunidad.
La gente está sin posibilidad de salir de sus casas, están confinadas en sus propios barrios o expulsados de los mismos, en especial Cáceres, que es casi un pueblo fantasma. La situación ha mejorado en cuanto a las cifras de homicidio pero debemos mirar a Cáceres”.
Precisamente una de las denuncias en Cáceres relaciona el reclutamiento a menores de edad, ¿esto ya había sido advertido por la Defensoría?
“En las alertas tempranas emitidas en esas zonas como lo denunciaron los habitantes de esta zona, el reclutamiento está llegando desde los once años y como lo contaron campesinos indígenas tienen que estar mandando los hijos para Medellín o para Montería para evitar el reclutamiento del Clan del Golfo, el Eln y los Caparrapos”
¿Qué pasa cuando las alertas no son atendidas?
“Como lo advirtió el Procurador General, Fernando Carrillo Flórez, las alertas de la Defensoría del Pueblo para la protección de líderes sociales que no sean atendidas por los alcaldes y gobernadores, implicarán una investigación disciplinaria en su contra por de la Procuraduría General de la Nación”.
Otra de las denuncias que hicieron los líderes son los presuntos ataques de miembros de la Fuerza Pública, ¿le preocupa a la Defensoría que la mayoría de los líderes digan que siente más seguridad con las estructuras criminales que con la Fuerza Pública?
“Es muy grave, y lo que intentamos cuando el defensor va a las regiones es generar confianza en la institucionalidad porque si se pierde la institucionalidad es muy grave.
No pueden confiar en los ‘Caparrapos’, en el ‘Clan del Golfo’ en el Eln, que están dedicados a desplazarlos de las zonas rurales a la urbanas, y ahora de las zonas urbanas también los quieren sacar porque los solares de las casas se convierten en corredores que les permiten a la gran mayoría de ellos viajar por el río Cauca, por eso quieren desocupar algunos barrios”.
Entre las denuncias también mencionaron las denominadas fronteras invisibles, ¿cómo erradicar este flagelo en el país?
“En el bajo cauca antioqueño existe el negocio ilegal del cultivo de hoja de coca y existe la minería ilegal. En este caso se reparten, se distribuyen los espacios para poder cada uno controlar estos negocios.
Nosotros le trasladaremos a la Policía Nacional y al Ejército algunas denuncias pertinentes para atacar este par de flagelo y para atacar el flagelo de estas tres estructuras que están amenazando, confinando y desplazando a las comunidades de todo el bajo cauca antioqueño”.
¿Considera usted que hace falta presencia del Estado colombiano en esta zona del país?
“Yo lo que creo es que mientras no miremos la inversión pública en el campo no hay nada que hacer, mientras no le llevemos salud, educación, y vivienda digna no se puede hacer nada. Pueden parecer palabras de cliché o retóricas, pero las condiciones como vive la gente no son las mejores, viven en una total intranquilidad”.
¿Qué considera que debe hacer el Gobierno Nacional para erradicar todo lo que se evidenció en la misión humanitaria?
“Nos toca a los organismos de control controlar la corrupción, tenemos que hacer inversión social en esas zonas, si controlamos y atacamos la corrupción va a ser muy importante, si el Gobierno ejecuta programas desde el terreno en los sectores rurales va a ser importante, porque como se observó todas las personas están dedicadas al cultivo, los campesinos saben cultivar debemos darle elementos para el campo”.
Precisamente se habla de darle herramientas al campesino. En lo que evidenció, ¿el Gobierno le ha cumplido a los ciudadanos con los proyectos productivos luego de acuerdo de paz?
“Lo que pude observar en algunos municipios es que el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PENIS) está funcionando bien, por lo que los mismos campesinos nos dijeron que querían hacer la sustitución, lo que hay que hacer es seguir impulsando esa iniciativa.
Debemos llegar con el proyecto productivo, para que puedan cultivar la tierra en donde viven. Los campesinos no tienen que estar en la zona urbana, sino en la zona campesina, de lo contrario va a llegar un momento donde vamos a tener que importar todos nuestros alimentos”.
Fuente: El Colombiano
