Para la compañía Gran Colombia Gold (GCG), el impacto económico de la invasión de las 200 minas bajo su titularidad, en Marmato (Caldas), Remedios y Segovia (Antioquia); se centran en 3 minas de este último municipio.
2 de los yacimientos afectados son el Cogote –cercano a la mina legal Sandra K, de la GCG–, y San Nicolás, que producen, cada una, entre 350 y 400 onzas de oro por mes.
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Otra de las minas es Rubiela, sobre la que tampoco ha sido posible su formalización ante el Estado.
De acuerdo con el director ejecutivo de la multinacional en Colombia, Lombardo Paredes, miembros de la llamada Mesa Minera explotan estas minas sin autorización del Estado.
Dijo que la operación se ve afectada económicamente porque dispara los costos de producción y retrasa el desarrollo de la actividad formal de la compañía.
A pesar de eso, la formalización ha logrado poner a derecho a entre 2.500 y 2.800 mineros desde el paro de 2017, pero las pretensiones de otra manifestación de esa forma, por parte de voceros de la Mesa Minera, han detenido el proceso.
Las autoridades regionales y locales se reunieron este viernes, para determinar nuevamente las metas de formalización para 2019, además de la creación de una oficina local de información para los mineros que deseen apegarse a la ley.
