Los niños del Centro Educativo Rural Claudina Múnera, en la vereda La Corrala de Caldas, pasan el descanso jugando al tradicional “catapiz”, saltan la cuerda o hasta corren por ahí montados en pequeños zancos. Deben hacerlo en la calle, entre carros estacionados y otros vehículos que van pasando, porque la placa deportiva del colegio es insuficiente y la que tiene la comunidad, a unas cuatro cuadras, lleva cerrada tres meses por mantenimiento. Tan poco es el espacio que, para el receso de la mañana, los 211 estudiantes deben dividirse en dos grupos porque, de salir todos, no cabrían en el patio ni en los corredores.
En su oficina —que es a la vez aula múltiple, salón de clases y el sitio para una mesa de ping pong—, el director del C.E.R, Davidaniel Restrepo Velásquez, explica que esta semana llega el nuevo maestro que estuvieron esperando desde mayo de 2018 para cubrir el área de postprimaria y completar la planta actual de 11 docentes. No fue un proceso sencillo: mientras avanzaban los trámites hubo que desescolarizar varios grados hasta dos veces a la semana, porque no había personal para cubrir las horas extras.
No es el único caso
Una desazón similar es la que denuncian los tres docentes de la sede Nicolás Ruiz de la Institución Educativa Rural Porfirio Barba Jacob, de la vereda El Caney en Santa Rosa de Osos, Norte antioqueño. Cada uno de los maestros coordina dos grados, de preescolar a quinto —es decir, unos 27 estudiantes cada uno en todas las asignaturas—. Wilson Andrés Grajales, uno de los profesores, cuenta que en 2017 se planteó a la Secretaría de Educación la posibilidad de brindar la atención a estudiantes de sexto e iniciar la postprimaria en la institución.
Y, en efecto, durante 2018 funcionó el grado sexto, siempre bajo la promesa de que la Administración gestionaría el profesor para continuar el proyecto. Sin embargo, se terminó el año, el docente para postprimaria nunca llegó y la respuesta, dice Grajales, es que aún no están firmados los decretos para garantizar la nueva vinculación.
Mientras tanto, muchos de los jóvenes que los tres profesores vieron crecer están fuera de las aulas. Tras más de cinco meses de espera, las familias se acercan a la escuela y manifiestan el temor a que sus hijos, que hoy estarían en séptimo, pierdan el año escolar.
Y así, en los Centros Educativos Rurales (C.E.R) de Antioquia, que están en algunos casos en veredas a horas de distancia de los cascos urbanos, la disputa no es solo por la infraestructura, que se queda corta, sino por los líos para reemplazar o crear plazas docentes.
Comenta Grajales que varios de sus estudiantes han tenido que trasladarse a otros colegios en el municipio, a dos horas en chiva, para continuar con sus estudios, o también a Porce (corregimiento de Santo Domingo), más cerca en bus. Pero hay quienes no pueden costear el pasaje de 3.000 pesos diarios. La semana pasada los niños faltaron a clases y realizaron un plantón a las afueras de la institución como forma de presión. “Nos prometieron que abrirían otra plaza”, dice el docente, “ahora que cumplan”.
Un lío: las plazas vacías
En los 117 municipios que son competencia de la Gobernación de Antioquia, explica Néstor David Restrepo, secretario de Educación departamental, existen 3.921 centros educativos oficiales rurales, un total, a la fecha, de 205.414 estudiantes. De estas dos cifras están excluidas las ocho localidades certificadas que son autónomas en sus indicadores educativos y presentan sus propios informes al Ministerio (Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, Rionegro, Turbo y Apartadó).
El secretario añade que el departamento cuenta con 20.000 maestros en estos 117 municipios y, aunque el ideal es que no quede ninguna plaza sin nombrar, en Antioquia hay aproximadamente un 1 % de puestos vacíos, es decir unos 200 maestros.
“Lo ideal sería que no faltara ningún profesor, pero en una planta de 20.000 docentes todos los días pasa algo”, indica el funcionario, “no exagero: todos los días hay una muerte, una renuncia, una licencia de maternidad”.
Restrepo enfatiza en que, para el caso de Santa Rosas de Osos, ya está en firme el proceso para la elección del docente que aún no se ha nombrado. En eso coincide Dora Zapata, secretaria de Educación de ese municipio, que indica que en la localidad avanza una reorganización de las plazas docentes y que ya se hizo la notificación del traslado de un maestro a El Caney: “Hay que esperar que se haga la firma en la Gobernación. Eso demora un poco, pero estamos haciendo todo el esfuerzo”.
Zapata agrega, además, que no puede decirse que la comunidad lleve esperando un año por el docente. Según la funcionaria, se trata de un proceso más complejo que implica la creación de una plaza nueva y no de un reemplazo.
¿Y ahora?
Hoy la Secretaría de Educación no tienen la potestad para cubrir plazas provisionales como hacía antes, dice Restrepo, y cuando un profesor renuncia debe reportarse la vacante al Banco de la Excelencia (una plataforma del Ministerio de Educación) para comenzar los trámites. “A veces se monta la plaza, se presentan 40 candidatos y al final no nombran ninguno. Hay que volver a empezar el proceso”, comentó.
Sin embargo, concluye que no es posible que en un C. E. R puedan esperar por un docente durante más de un año, dado que la dependencia realiza cortes quincenales de revisión para identificar los puestos que no han sido asignados en dos meses y así solicitar al Ministerio que agilice el proceso. “Aunque sí hemos tenido casos en donde nos demoramos 3 o 4 meses”, afirma Restrepo, y cuenta que eso sucedió en un colegio en Concordia, en una zona alejada del centro urbano y en donde se han nombrado tres maestros distintos que, por el largo trayecto hasta la vereda, no han aceptado el cargo.
Otro lío: infraestructura
Las humedades y el deterioro tienen un salón inutilizado en la Porfirio Barba Jacob. Dice Wilson Grajales que las condiciones de desgaste de este espacio no son aptas para ver clases allí y tampoco hay placa deportiva.
Al respecto, Néstor David Restrepo explica que la Gobernación de Antioquia ha invertido $136 mil millones en infraestructura educativa, en alrededor de 500 sedes rurales. Además, enfatiza, hay otro problema: el 55 % de los predios no están legalizados, lo que quiere decir que “los privados donaron esas tierras a las Alcaldías, pero no hay una escritura pública que defina la propiedad de esos lotes a favor del municipio”.
Por eso, aunque una escuela ya ajuste más de tres décadas en una vereda, “no se pueden invertir allí recursos públicos porque sería detrimento patrimonial”.
Para atender estas necesidades, el secretario menciona al programa “Una mano por tu escuela”, en donde el departamento entrega a los municipios insumos como pintura o redes de sistema eléctrico y las mismas comunidades se encargan de hacer mantenimiento a las escuelas. Con este programa, dice, se han intervenido 300 sedes.
En el Claudina Múnera tienen sueños más grandes. El director Davidaniel Restrepo añora con ampliar su sede en un terreno contiguo y cedido a la institución que hoy se está llenando de escombros.
María Victoria Ochoa, una de las profesoras, pide que se atienda urgente el hacinamiento, porque hoy los niños no tienen dónde jugar y sus clases son interrumpidas durante los recesos, por la algarabía de los chicos que, con cuerdas y zancos, luchan por hacerse un lugar en el patio.
Fuente: El Colombiano
