Isaac David Arrieta Pérez no supera los 30 años y es calificado por la Fiscalía y la Policía como un depredador sexual. En su contra hay 17 denuncias por abusos que habría cometido entre el 2012 y lo que va del 2019, y por ello es considerado un violador en serie.
Arrieta, según las autoridades, se valía de su condición de mototaxista en Sincelejo (Sucre) para escoger a sus víctimas. Eran mujeres entre los 17 y 25 años, a las cuales llevaba a lugares alejados.
Con base en las denuncias de seis mujeres, la Sijín de Sincelejo empezó a investigarlo y lo detuvo en medio de una intensa operación que ejecutaron la Fiscalía y la Policía Judicial –Dijín– entre el 25 de febrero y el 4 de marzo, y durante la cual detuvieron a 338 personas contra las cuales había denuncias por abusos sexuales.
Según el expediente oficial, Arrieta obligaba a sus víctimas “a descender de la motocicleta, empleando la intimidación con un objeto cortopunzante, y posteriormente las forzaba a realizar diferentes tipos de actos sexuales”. El mototaxista, además, se robaba las pertenencias de sus víctimas.
Durante los ocho días de operaciones contra abusadores sexuales, las autoridades se pusieron en la tarea de concretar más de 608 órdenes de captura que había emitido la Fiscalía por ese delito entre el 2014 y lo que va corrido de este año.
Las capturas se concentraron en 10 departamentos: Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Tolima, Valle, Caquetá, Huila, Córdoba y Sucre.
Según las autoridades, entre los capturados hay un hombre que se hacía pasar como espiritista y “abusaba de dos niñas con el argumento de que les sacaría un espíritu” supuestamente maligno. Y en Villavicencio fue detenido otro hombre que abusaba sexualmente de su hija de 13 años cuando la mamá se iba a trabajar.
Con base en las denuncias recibidas entre el primero de enero y el 15 de marzo de este año y tras una comparación con el mismo lapso del 2018, se concluyó que las mujeres siguen siendo las principales víctimas de abuso sexual.
Ellas fueron las víctimas en un 86,5 por ciento de los casos denunciados, que en total fueron 3.468. Por otro lado, se determinó que los menores de edad siguen siendo muy vulnerables a este tipo de delito. En el 66,6 por ciento de las denuncias las víctimas eran menores de 18.
Como un dato curioso, al revisar las denuncias de los tres primeros meses de este año y las de los tres primeros meses del 2018, las autoridades encontraron 32 casos de agresiones sexuales a ciudadanos venezolanos.
En medio de esta situación y dentro de las medidas de fondo para contrarrestar el abuso sexual, el Consejo de Política Criminal se alista para presentarle al Congreso un proyecto de ley que tendría en cuenta no solo tratamiento para las víctimas, sino también para los depredadores sexuales. Incluye resocialización para estos últimos. Otros proyectos han propuesto la castración química.
Al referirse a los aspectos que debería contemplar el proyecto que redacta el Consejo de Política Criminal, Johana Jiménez, defensora de la niñez, insiste en que es clave que se incorpore la prisión perpetua para los violadores, asesinos y secuestradores de niños y niñas, que esos delitos no prescriban y que los procesos tengan prioridad. “El que se meta con un niño, la tiene que pagar y se tiene que pudrir en una cárcel. No le estamos quitando los derechos a nadie, los derechos se los quitan ellos mismos (los delincuentes) cuando se meten con lo más sagrado, que son los niños”, agrega Jiménez.
Por su lado, la senadora Ángela María Robledo considera que la Ley 1719 de 2014, de la cual ella fue coautora, ya criminaliza las distintas formas de violencia sexual y les da garantías a las víctimas, y que lo que hay que hacer es aplicarla. “Todo eso de la castración química es puro populismo punitivo”, afirma.
Robledo llama la atención sobre el hecho de que la impunidad en los casos de violencia sexual en Colombia supera el 93 por ciento.
Resocializar y no revictimizar, ejes de nuevo proyecto
El Consejo de Política Criminal, del que hacen parte el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Policía, entre otras instituciones del Estado, está preparando un proyecto de ley que busca evitar la revictimización de quienes sufrieron violencia sexual, tomando lo mejor de las 11 iniciativas que hoy hacen tránsito en el Congreso sobre abuso sexual y protección del menor.
“El objetivo es tomar de cada proyecto las mejores propuestas y enfocarlo a los estudios sociales, psicológicos y científicos que se han venido analizando sobre cada uno de los temas, para asegurar una normatividad que sirva de ejemplo y sea disuasiva a la hora de cometer un delito”, asegura el director de la Dijín, general Gonzalo Ricardo Londoño.
El objetivo es tomar de cada proyecto las mejores propuestas y enfocarlo a los estudios sociales, psicológicos y científicos que se han venido analizando sobre cada uno de los temas
Dentro del Consejo de Política Criminal se planteó la necesidad de brindar herramientas para que desde la primera infancia, de acuerdo con la edad de los menores, se dicte una clase en la que se les advierta y se den luces a los niños y niñas sobre los actos relacionados con el abuso sexual. Esto siempre bajo la supervisión y apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Uno de los enfoques del proyecto es evitar la revictimización y que las personas que han padecido abuso sexual no tengan que revivir en cada audiencia el capítulo traumático que sufrieron. Es decir, no deberían exigirles el relato del abuso.
Dentro de la iniciativa se plantea, además, la creación de una línea única a nivel nacional, de carácter gratuito, que facilite la denuncia anónima sobre casos de maltrato intrafamiliar, abuso sexual y toda conducta que atente contra la integridad de las mujeres y los menores de edad.
Por otro lado, el proyecto incluiría un tratamiento especial para el depredador sexual o victimario. La idea es darle la oportunidad de resocializarse a través de un trabajo médico y sicológico. Un grupo de expertos atendería a cada persona para que, cuando recupere su libertad, no sea un peligro para la sociedad.
Los expertos están analizando un modelo de prevención que se aplica en Alemania y mediante el cual se da atención mental a los pedófilos, denominado ‘Proyecto de prevención Dunkelfeld’.
En Colombia, de las 11 iniciativas que hacen tránsito en el Legislativo contra los abusadores sexuales y la violencia contra las mujeres, una de las más polémicas sugiere la pena de inhibición hormonal de deseo sexual, conocida como la castración química obligatoria.
De acuerdo con la iniciativa, se crea un registro de violadores y abusadores de menores. Este proyecto está pendiente de ponencia para el primer debate en el Senado.
Pero, según expertos, la castración química no arroja los resultados esperados.
Otra de las medidas que se han barajado es un plebiscito en el cual se ponga a consideración de los votantes la pena de muerte para los abusadores sexuales de menores de edad.
Fuente: El Tiempo