Dos hombres en una moto tomaron la calle 10 de El Poblado y desenfundaron sus armas para robar a los ocupantes de un vehículo particular el pasado 9 de noviembre. Una patrulla policial, que pasaba por la zona, reaccionó y tras un cruce de disparos cayó muerto uno de los atracadores.
Durante las diligencias de inspección judicial al cadáver los peritos encontraron un grillete electrónico del Inpec adherido a su tobillo: el hombre ya había sido condenado por la justicia y había sido cobijado con el beneficio de casa por cárcel.
Este hecho disparó las alarmas entre las autoridades de Medellín. En diciembre, la Fiscalía seccional se reunió con la Policía y la Secretaría de Seguridad y acordaron hacer un seguimiento aleatorio de más de un centenar de homicidas condenados y enviados a purgar las penas en sus viviendas, para determinar cuántos de ellos estaban burlando la justicia. El resultado los dejó fríos.
“Verificamos a 144 personas con sentencia condenatoria por homicidio y 77 de ellos no estaban en sus casas”, explicó Raúl González Flechas, director seccional de Fiscalía de Medellín.
Eso quiere decir que el 53 % de los condenados no estaba cumpliendo con lo dispuesto por la justicia.
Los presos fueron elegidos de forma aleatoria, a partir de una lista de más de 300 condenados por homicidio, entregada por la dirección regional del Inpec.
Llamado a la justicia
Andrés Tobón, secretario de Seguridad de Medellín, manifestó su inconformidad con el incumplimiento de las sentencias proferidas por la justicia.
“El beneficio de casa por cárcel está enmarcado en la legalidad. Lo que no está enmarcado es que (los condenados) se escapen y habiten la calle como si no existiera ningún tipo de justicia”, dijo.
Tobón consideró que la evasión de los presos es un irrespeto a la labor de la Fiscalía y la Policía que hicieron un gran trabajo para capturarlos y conseguir las condenas.
El director seccional de Fiscalías aseguró que, tras la visita de los agentes del CTI y de la Sijín a las viviendas, se recopilaron evidencias que se presentaron hace dos semanas a los jueces de ejecución de penas, encargados de definir el futuro de los condenados.
“Desde mi despacho elaboramos un informe y se lo enviamos a la Judicatura para que, en uso de sus competencias, determinen si el beneficio de prisión domiciliaria se mantiene o debe ser revocado”, dijo.
¿Y el Inpec?
Martha Lucía Feho, directora para Antioquia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, explicó que la labor de la entidad que dirige es hacer seguimiento e informar a los jueces de los casos en los que el condenado no esté cumpliendo su pena.
“La ley no dice cada cuánto hay que hacer ese seguimiento: si es cada semana, o cada mes. Lo que se hace es caer de sorpresa”, aseguró.
Feho dijo que el Inpec no cuenta con personal suficiente para hacer seguimiento continuo y que, por eso, se apoyó en la Fiscalía y la Policía, para realizar el procedimiento.
“Eso no se había hecho nunca aquí, fuimos los primeros en hacerlo con apoyo de la administración pública. Es muy novedoso y ya otras ciudades están mirando el modelo”, manifestó.
La directora del Inpec aseguró que ninguno de los 144 condenados verificados portaba grillete electrónico de localización y aclaró que en Antioquia no hay crisis por escasez de estos elementos.
Lo que sigue
Los casos quedaron en manos de la justicia, que deberá resolver si hay mérito para devolver a los condenados a una cárcel.
El Inpec manifestó que si los jueces lo ordenan están listos para recibir a los condenados. “Ellos ya están en nuestra base de datos y pasarían al establecimiento carcelario disponible. Si las condiciones de hacinamiento no lo permiten, entonces lo que se hace es mirar con la dirección en Bogotá para trasladarlos a otra regional”, explicó Feho.
Actualmente, y según datos oficiales, la cárcel de mujeres presenta un hacinamiento del 5 %, mientras que la sección masculina de la cárcel El Pedregal tiene una sobreocupación del 72 %. En Bellavista la situación es aún más crítica, pues el nivel de hacinamiento es del 75 %.
En lo que va del año, el Inpec ha recibido a 30 presos cuyos beneficios de casa por cárcel fueron revocados. De ellos, por lo menos 15 regresaron a prisión en la última semana .
Fuente: El Colombiano
