Antioquia

Las amenazas contra líderes sociales no cesan en Antioquia

Edwin Dagua Ipia, autoridad del Resguardo Indígena Huellas de Caloto (Cauca), había alertado varias veces sobre las amenazas contra su vida. De hecho en la zona del municipio había circulado recientemente un panfleto amenazante, atribuido a presuntos grupos paramilitares, en el que figuraban su nombre y los de otros líderes y defensores de derechos humanos.

El riesgo en el que se encontraba ya era conocido por la Unidad Nacional de Protección e incluso por agencias internacionales defensoras de derechos humanos. Le asignaron un escolta y aun así fue asesinado el 7 de diciembre de 2018 por dos hombres armados que lo interceptaron en un paraje en zona rural de Caloto. Al momento de su muerte estaba sin protección. Edwin tenía 25 años, era un reconocido defensor de derechos humanos y con él, según cifras de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ascendió a 36 el número de indígenas asesinados en cuatro meses.

Su caso se suma a las 1.085 agresiones contra defensores de derechos humanos y líderes que, según datos del Programa Somos Defensores, se han registrado en Colombia en 2018. La cifra preocupa, sobre todo si se tiene en cuenta que en el primer semestre de 2018 fueron asesinados 77 líderes en el país.

Los registros señalan, además, a Cauca y Antioquia como los departamentos en los que el fenómeno ha tenido mayor crecimiento no solo en los últimos meses, sino incluso desde la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las Farc. También muestran que la mayoría de víctimas pertenecían al sector comunal, los resguardos indígenas, el campesinado, comunidades afrodescendientes y sector ambiental.

Así lo deja ver, por ejemplo, un informe presentado este lunes por el Observatorio sobre el Nivel de Riesgos a la Labor de Líderes y Defensores de Antioquia, para el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa-Estados Unidos y el Proceso Social de Garantías, según el cual en los últimos dos años han aumentado también los casos de detenciones arbitrarias, los ataques contra las movilizaciones sociales de los ambientalistas y líderes de sustitución de cultivos.

En el caso de Antioquia, las alertas están encendidas no solo porque los registros dan cuenta de 652 agresiones en el último año, sino sobre todo porque los ataques contra las mujeres defensoras siguen en aumento: 158 casos en el mismo período de tiempo. “Para el caso de las lideresas comunales existe un aumento en un 294 % de las amenazas y el desplazamiento forzado. (…) Las mujeres lideresas campesinas y del sector comunitario sufren mayor riesgo de agresión física y sexual, así como de desplazamiento forzado, debido al control ejercido por los grupos armados y las formas de amedrantamiento a la que son sometidas para desistir de su labor, afectando entonces el acceso efectivo de ellas a lo público como espacio de construcción de comunidad”, detalla el informe.

La situación en el departamento puede explicarse, de acuerdo con el informe del Observatorio, por la fuerte presencia de estructuras paramilitares en 121 de sus 125 municipios: “La presencia más predominante es la de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y de la Oficina del Valle de Aburrá. Durante 2018 en el Bajo Cauca han venido tomando fuerza Los Caparrapos, quienes han entrado en disputa con las Agc. Esta confrontación ha generado desplazamiento en la población y ambas estructuras han asesinado a defensores de derechos humanos”.

El ejercicio del control militar por parte de dichas organizaciones no solo ha limitado o impedido la labor de los líderes y defensores de derechos humanos, sino también ha copado los espacios de participación con la imposición de normas, sobre todo en zonas en las que la presencia estatal es precaria. De hecho en los casos en los que se han implementado programas estatales derivados del Acuerdo Final de Paz, sin mayores seguimientos, el escenario de riesgo es mayor.

Es el caso, por ejemplo, de los defensores que lideran programas de sustitución de cultivos, quienes se han convertido en blanco de grupos asociados al paramilitarismo y narcotráfico, que buscan mantener el control de corredores estratégicos para darle continuidad a toda la cadena de producción de droga. “Han convertido en objetivo militar a los líderes del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), por ello, según el Observatorio de la Fundación Sumapaz y de la Corporación Jurídica Libertad, entre los años 2017 y 2018 han sido asesinados 16 líderes por el solo hecho de pertenecer al programa, pero también veinte han sido desplazados forzadamente de sus territorios y cuarenta han sido amenazados y extorsionados, cifras que siguen en aumento”, denuncia el informe.

Por ejemplo, en la subregión del Bajo Cauca 115 de las 155 agresiones contra líderes fueron contra defensores que reclaman el derecho al territorio, el Programa de Sustitución de Cultivos y el Acuerdo de Paz, en especial el tema de reforma agraria integral. Igual panorama se registró en el norte antioqueño, en donde las víctimas fueron integrantes de juntas de acción comunal, del Programa de Sustitución de Cultivos y líderes del Movimiento Ríos Vivos: “Los campesinos son el sector más victimizado en esta subregión, debido a las presiones que ejercen los grupos paramilitares y las disidencias, sobre todo contra las personas que adelantan procesos en materia de la implementación del Acuerdo de Paz”.

Según el Observatorio, el escenario de riesgo para los líderes aumenta toda vez que la respuesta estatal ha sido, en la mayoría de los casos, de señalamiento y estigmatización contra los campesinos cocaleros que son señalados de “delincuentes o narcotraficantes, desconociendo por completo la realidad socioeconómica que obliga a que esta sea la única manera de sobrevivencia para sus familias, concentrando toda la política antidrogas contra el eslabón más débil: las comunidades pobres del campo”.

En general, la preocupación de las organizaciones sociales en Antioquia radica en la percepción de que existe una falta de voluntad política real con la construcción de la paz, lo que de cierta forma ha permitido que las estructuras paramilitares copen estratégicamente municipios en los que se sigue concentrando la criminalidad y se configuran graves escenarios de crisis humanitarias.

Además, inquieta el hecho de que a pesar de los llamados de las organizaciones para ser tenidas en cuenta en el proceso de construcción de estrategias y medidas eficientes para la protección de los líderes, el Gobierno haya creado el Plan de Acción Oportuna (PAO) sin que desde los territorios hayan podido hacer aportes determinantes.

Aunque desde el Observatorio reconocen que el plan intenta mostrar una voluntad para la construcción de una política pública en materia de garantías de seguridad para la protección de líderes, señalan que también “desconoce los espacios de interlocución construidos históricamente, como por ejemplo la Mesa Nacional de Garantías, la Cumbre Agraria y otros que han avanzado en escenarios y planes territoriales para atender la difícil situación de los líderes de derechos humanos. De igual manera no contempla sanciones para actores estatales u otros que puedan ser ejecutores de agresiones y excluye de su esencia toda la jurisprudencia que desde los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep dejaron importantes aportes para las bases de garantías hacia la labor de la defensa de los derechos humanos”, concluye el documento.

El Espectador