Ana María* tomó una bocanada de aire para aliviar el dolor que le provocaban las contracciones de su parto, adelantado casi tres semanas, y miró a su alrededor. Quiso salir corriendo, pero las fuerzas apenas le alcanzaron, y resignada se sentó a pensar en cómo iba a hacer en el futuro para explicarle a su hijo que había llegado al mundo en un coliseo, y no en un hospital, como casi todo el mundo.
Era una tarde de agosto de 2014 en Segovia y nadie se detuvo a mirar la escena. A pocos metros de Ana, uno de los médicos del hospital se alistaba para un parto complicado: lavó sus manos con cuidado, sobre una ponchera con agua traída de la llave más cercana, ubicada en una esquina. Su auxiliar de enfermería, en medio de la prisa, se sentó en las gradas para buscar gasas entre las cajas acumuladas en el escenario deportivo.
El parto resultó más complejo de lo que se esperaba, y la nueva madre terminó dando a luz en Medellín. Pero en el pueblo el panorama era el mismo desde hacía tres meses: el Hospital San Juan de Dios funcionaba entre canchas y casas alquiladas, pues la sede oficial había sido oficialmente declarada en riesgo de colapso.
De acuerdo con un informe de asesoría técnico emitido por la Gobernación de Antioquia, con fecha de aprobación del 1 de junio de 2013 —un año antes de la evacuación— concluyó que una serie de grietas afectaron elementos estructurales de la construcción.
Diana Misas, secretaria de la gerencia del Hospital San Juan de Dios de Segovia, contó que los funcionarios empezaron a ver las fisuras más grandes desde enero de 2014. Tan rápido era su crecimiento, que ella y sus compañeros empezaron a poner tarros de yogur en las zonas afectadas, para ir “midiendo” el daño.
“Las paredes crujían como cuando uno aplasta una cáscara de huevo, hasta que un día se abrieron tanto que los vidrios del laboratorio estallaron”, contó. El hecho, aunque alarmó a todo el mundo, no afectó a la microbióloga y su asistente que minutos antes habían salido.
¿Tragedia anunciada?
Diana, que en 2014 trabajaba en el segundo piso del hospital, confesó que sus compañeros de atención básica (área que funcionaba en el primer piso) le contaban que cada cierto tiempo escuchaban explosiones. “Decían que en la enfermería y la sala de partos se escuchaba más duro”, dijo.
Al frente del hospital, en una casa de puertas verdes, Magdalena Lena Pulgarín, de 70 años, también las oyó.
“Las paredes se empezaron a ‘tarjar’ (agrietar) de a poquitos, y luego el piso se levantó. Yo de una dije: tiene que ser una mina”, explicó.
La situación se complicó a finales de mayo de ese año: una explosión sacudió su cama por unos segundos. Cuando Nena abrió los ojos, pudo ver la máquina de coser —el único mueble de su sala— desde la habitación, a pesar de que tenía la puerta cerrada. “Ese fue el último día que pude dormir en mi pieza. Esa pared está casi partida por la mitad, y yo que vivo sola, tengo miedo de que se caiga en la noche”, confesó.
Los vecinos de este barrio llamado Briceño, que usualmente se reúnen a comentar sus problemas en las aceras, explicaron en voz baja que las grietas aparecieron simultáneamente y que aunque desde el primer momento denunciaron que era por actividad minera ilegal, nadie los escuchó.
“Uno mencionaba el tema de minas ilegales en la alcaldía y nadie le paraba bolas. ¡Claro¡ ¿Qué iban a decir si mucha gente de allá estaba untada y recibía plata de eso”, dijo una mujer que pidió mantener su identidad en reserva.
Pero el informe técnico de 2013 ya tenía evidencia de lo sucedido: “… La causa de las grietas y daños es la construcción de un socavón minero en el subsuelo del hospital, que tiene una longitud de 74.75 metros de largo, y cuyo último tramo de 8.25 metros está debajo de la zona de enfermería”, se lee en el documento.
Según el informe, que incluye fotografías, para ese momento el socavón empezaba en las afueras del hospital, sobre el costado occidental, y en un recorrido con varias curvas llegaba a la enfermería, con dirección a la sala de partos.
Los vecinos coinciden en que desde que el hospital fue evacuado, la administración perdió interés en su problema.
“Yo vivo aquí desde el año 88 y mantenía muy buena mi casa. Ahora todas las paredes están rajadas y como el techo es plancha, también está jodido, por eso cuando llueve se me entra el agua”, confiesa Víctor Manuel Montoya.
La última vez que él supo de la Alcaldía fue hace un par de años cuando le notificaron que, por cuenta de la emergencia, no tenía que pagar impuesto predial, pero su desconfianza es tanta que ha preferido seguir pagando cada recibo que llegue.
Radiografía del problema
El centro médico estuvo sin sede, operando de manera improvisada durante 10 meses, tiempo en el cual la Secretaría de Salud de Antioquia hizo visitas de inspección.
De una de ellas se desprendió un informe que da cuenta de los problemas: los residuos hospitalarios estaban almacenados en canecas en la calle, el suministro de agua para lavar manos y equipos no era el adecuado, los servicios sanitarios eran compartidos por pacientes, público general y empleados a la vez porque los baños portátiles que llevaron nunca funcionaron.
Ni siquiera había un teléfono para gestionar las remisiones y tampoco había cortinas para salvaguardar la privacidad de los pacientes.
Pese a ello, “el aseo es excelente (…) el personal muestra gran disposición y actitud de trabajo”, dice el informe, que concluye reportando que no había seguridad en el sitio, ni siquiera durante las noches; y que los médicos estaban preocupados porque, a falta de un espacio para hacer las necropsias, les tocaba quedarse como custodios de los cadáveres mientras los transportaban a un lugar distinto.
Hospital casi nuevo
El 12 de marzo de 2015, la Gobernación de Antioquia —en ese entonces encabezada por Sergio Fajardo— envió un comunicado de prensa anunciando que “Segovia recibió con júbilo su nuevo hospital”.
Contrario a lo que todo el pueblo esperaba, el sitio no era precisamente nuevo. La multinacional Gran Colombia Gold, que tiene varias minas en el municipio, donó al municipio el pequeño hospital que usaba para sus empleados, llamado La Salada, y construido 50 años antes.
El comunicado cuenta que los gobiernos municipal y departamental invirtieron $1.373 millones en la adecuación, que incluyó la construcción de una rampa para poder llevar a los enfermos hasta la zona de hospitalización (segundo piso) y en la ampliación de la sala de urgencias.
“Este es el fruto de un trabajo conjunto, un interés colectivo por un propósito de beneficio común que permitió que seamos capaces de salir adelante a pesar de las dificultades”, dijo la entonces secretaria de Salud de Antioquia, Luz María Sierra.
El alcalde de la época, Jhony Alexis Castrillón, agregó que estaba contento con el logro.
Siguen las falencias
Pero hoy, cuatro años más tarde, el sitio no cuenta con todos los requisitos de habilitación. Su actual gerente, Joaquín Álvarez Monsalve, explicó que la construcción no cumple con todas las normas de sismorresistencia.
“Pero no tenemos otro lugar para prestar el servicio y teníamos que sopesar el riesgo y los beneficios, pues esta es una población de 42.000 personas, de la que el 79% vive en zona urbana”, dijo.
Pese a la gran cantidad de usuarios, el hospital sigue siendo de primer nivel. Los casos de mayor complejidad casi siempre terminan remitidos a Yolombó (segundo nivel, a 101 kilómetros) o a Medellín, ubicado a 198 kilómetros.
Construir un nuevo centro médico para los segovianos cuesta, según cálculos oficiales, $40.000 millones. Pero aún no hay ni siquiera estudios de prefactibilidad, pues hay varios asuntos legales pendientes.
“En el predio de Briceño, que es el que le pertenece al hospital, ya un estudio dijo que no se puede construir en altura. Y el lote de La Salada es del municipio, entonces tenemos que hacer una especie de canje”, explicó Álvarez.
Gustavo Toro, alcalde de Segovia, aseguró que el hospital tenía problemas financieros serios y por eso su decisión fue hacer primero un saneamiento fiscal para luego poder invertir en infraestructura. “El hospital está hoy en situación de alto riesgo por las deudas. Pero en el último año hemos trabajado para bajarlas”, dijo.
El gerente Álvarez aclaró que la entidad tuvo, en 2017, un paro de empleados por falta de pago y cuatro meses de inactividad por cuenta de un paro minero.
Una vez se resuelva el tema jurídico de los lotes, la alcaldía buscará recursos departamentales y nacionales para construir el nuevo hospital que costaría unos $40 mil millones, agregó Toro.
Los que aún no tienen soluciones a la vista son los vecinos. El alcalde reconoció que las casas están en alto riesgo pero que aún no hay planes o recursos para reubicar a la gente. “Lo único que hemos podido hacer es eximirlos de impuesto, pero tenemos que buscar soluciones para esa gente porque hay casas muy dañadas”, dijo.
Fuente: El Colombiano
