De la minería ancestral a la ilegal
La desaparición de la minería ancestral de la legislación favoreció la ilegalidad y con ello llegó el crimen.
Tener paciencia, persistencia, resistir altas temperaturas y desarrollar un olfato capaz de encontrar el punto correcto para encontrar oro entre barro y piedras es la única herencia que hombres y mujeres han recibido por generaciones, y por la cual se conocen como mineros ancestrales. Aunque esta práctica es tradicional, a la luz de las leyes, solo hay dos tipos de minería: una con título y licencia ambiental, requisitos imposibles de conseguir para quienes no cuentan con recursos económicos, y la de subsistencia, que busca oro en ríos y en desperdicios de los títulos sin ningún tipo de maquinaria.
Retroexcavadoras, dragas y socavones que no cuenten con permisos son ilegales y, por lo general, están financiados por capitales irregulares. Esto se explica porque operar es costoso y los verdaderos mineros están tan empobrecidos como las poblaciones en donde se explota el metal. En 170 de los 300 municipios del país con vocación extractiva hay grupos armados ilegales que se financian con el oro o la extorsión. Los grupos criminales pueden tener ganancias por más de 3 billones de pesos al año, según la Fiscalía.
El Ejército y la Policía realizaron, en 2018, 276 operaciones. En cada una, invirtieron al menos 210 millones de pesos, pero la explotación ilícita sigue intacta, incluso creciendo.
A 90 metros de profundidad, en un socavón en el que no cabe de pie y que le ha llevado un año entero excavar, Diego ve como su esfuerzo brilla cuando la luz de su lámpara ilumina la pequeña veta dorada. Con 40 y tantos años, sus ojos achinados muestran ilusión y sus manos regordetas y callosas son evidencia de una vida dedicada al trabajo duro.
Desde niño, ha pasado sus días rompiendo las montañas del Nordeste antioqueño, donde encontrar oro es un sueño. Toda su vida se ha dedicado a buscarlo, y lo ha hallado, pero la pobreza gana. Entra por cada rendija que encuentra.
Este minero tiene un puesto, similar a una acción dentro del negocio del oro, en una sociedad que construyó de palabra —que en la región vale más que la vida—con otros siete amigos, cuyo aporte está en sus manos, en su labor diaria en la mina.
Su trabajo del último año ya está empeñado. Cada onza de oro arrancada a la montaña deberá compartirla con sus socios y los “gasteros”, que financian el combustible para la motobomba, los explosivos para romper la roca, el mercurio para separar y extraer el oro, la madera para sostener los bordes del socavón y el mercado de las familias de los mineros.
Además, patrocinan la construcción del apique, un cajón que se moviliza por rieles gracias a la tracción de una polea y que facilita el trabajo de los mineros al entrarlos al socavón y sacar el material. El gastero por eso tiene un derecho a siete puestos (acciones). Él, en la minería aluvial, que se da en los ríos y ha generado un gigantesco ecocidio, también financian las dragas, las motobombas y las retroexcavadoras.
Como la mina La Fortuna, donde Diego gasta sus días, no ha generado ni un solo peso, la operación debe ser financiada por los gasteros. Ahí es cuando estos se llenan de puestos que, al final de cuentas, si encuentran el preciado metal o, como se dice popularmente, se “enguacan”, se convertirá en dinero.
Los gasteros son como fantasmas: manejan enormes recursos, pero no dan la cara. Algunos contaron con fortuna en una explotación y resultan invirtiendo en varias minas. Otros son comercializadores locales que han amasado capital y están dispuestos a arriesgar. También y, esto es lo más preocupante, son representados por los grupos criminales que financian la extracción ilegal de oro en la región que, por una ruta de lavado dinero, lo convierten en papel moneda para financiar el conflicto armado.
El negocio del crimen
“Identificamos que de 300 municipios con vocación minera, en 170 hay presencia de grupos armados ilegales. En estas zonas hay financiación directa o indirecta de esas organizaciones a través del oro. Cada región, cada municipio y cada grupo tienen una forma diferente de financiar la guerra. Más de 80 % se da por la extorsión a los mineros”, asegura Leonardo Güiza, director del Observatorio Colombiano de Minería de la Universidad del Rosario.
Mientras usurpan las economías ilegales derivadas de la explotación aurífera, los grupos armados violan los derechos humanos de las poblaciones circundantes. Un funcionario del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo advierte que en las zonas en las que hay presencia de estas estructuras ilegales se conjugan las amenazas, desplazamientos forzados, homicidios selectivos, reclutamiento de menores de edad y extorsiones. En donde hay disputas territoriales entre varios grupos, como el asunto es peor, en medio del fuego cruzado se dan asesinatos, torturas y desapariciones.
Se trata de un negocio redondo. En total, los grupos armados organizados podrían beneficiarse con 10 billones de pesos cada año, en todos los eslabones de la cadena de la minería ilegal, según las estimaciones del Plan Nacional de Desarrollo.
En este primer eslabón es en el cual actúa la Fuerza Pública para combatir el fenómeno ilegal. En 2018 realizó 276 operaciones (ver informe), que, reconocen, no han dado el resultado esperado: “Golpean de alguna manera a la estructura criminal, pero en el fondo la comunidad minera y el oro siguen allá. Por eso vemos que el fenómeno no disminuye, se sostiene o aumenta”, explica el coronel Carlos Montenegro, comandante de la Brigada del Ejército contra la Minería Ilegal.
Las operaciones nuestras golpean a la estructura criminal, pero en el fondo la comunidad minera sigue allá y el oro sigue allá
Coronel Carlos Montenegro
Comandante de la Brigada del Ejército contra la Minería Ilegal
No existen en la ley
De acuerdo con Rubén Darío Gómez, secretario general de la Confederación Nacional de Mineros (informales) de Colombia (Conalminercol), los mineros ancestrales trabajaban desde antes de que llegaran los títulos mineros que le fueron entregados a multinacionales, pero el Código de Minas (Ley 685 de 2011) los borró de un plumazo. Establece que existen los títulos mineros que cuentan con licencia ambiental; las figuras de formalización, que casi siempre son negadas; y los mineros de subsistencia.
En ninguna de las dos definiciones podría ubicarse Diego, quien es un pequeño minero que no tiene título ni licencia ambiental, que además explota sin autorización el título de la Gran Colombia Gold, esto lo convierte en un minero ilegal.
Sin embargo, aparece en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom) como barequero, con la anuencia del alcalde y de la Agencia Nacional de Minería. El oro que algún día producirá será exportado sin mayores controles, como ocurre hasta ahora.
Esta es una de las formas que el segundo eslabón de la cadena: la comercialización, utiliza para blanquear el oro de procedencia ilegal.
El resultado de la fuerza pública
La Policía y el Ejército realizaron 296 operaciones en contra de las explotaciones ilícitas de yacimientos mineros en 2017, para 2018 fueron 276.
En esas operaciones se presentaron 1.920 capturas.
Fueron destruidas 389 dragas, 225 máquinas amarillas, 562 motores, 492 motobombas y 2.510 kilos de explosivos. 86 socavones y 122 minas fueron desmanteladas.
Un operativo de un día puede costar cerca de 70.000 dólares (unos 210 millones de pesos), si es necesario llegar por aire, según el Ejército.
Se comercia con engaño y trampa
Falsifican documentos y suplantan personas para darle al mineral apariencia de legalidad.
El negocio no funciona si el oro no se convierte en dinero, por eso una vez extraído de los ríos o de las entrañas de la tierra inicia la cadena de comercialización para darle apariencia de legalidad. En los municipios hay comercializadores locales que suplantan o falsifican identidades a mineros de subsistencia que fueron previamente inscritos ante la Agencia Nacional de Minería por los alcaldes, que mantienen un silencio que manifiesta complicidad. Hay personas que ni siquiera saben que están comercializando oro en su nombre, otras lo hacen gustosas, a cambio de una insignificante suma de dinero.
Otra parte del oro ilegal ingresa por los registros de títulos mineros improductivos o con mínima operación. Una parte más pequeña entra como oro chatarra: las joyas que supuestamente fueron vendidas en prenderías y son fundidas para vender el metal.
Hay un porcentaje imposible de calcular de oro ilegal que se va de contrabando hacia Panamá. Afirman algunos estudiosos del tema que una parte termina en Perú y Venezuela para pagar armas.
“Como nosotros no podemos vender, porque en el papel ni existimos, lo terminamos dejando incluso 40 % por debajo del precio internacional”, explica Rubén Darío Gómez, secretario general de la Confederación Nacional de Mineros (informales) de Colombia (Conalminercol). Es decir, un minero ilegal puede vender el oro en boca de mina a 78.000 pesos, cuando el precio internacional ronda los 130.000 por cada gramo, el resto del dinero se queda en la cadena de comercialización.
Lo acopiado necesita demostrar su origen legal para venderse al exterior, o al mercado nacional de joyería. Así, estos comerciantes deben soportar el oro con explotadores autorizados, que según el Código de Minas son: títulos, solicitudes de legalización, áreas de reserva especial en camino a convertirse en títulos, mineros de subsistencia y subcontratos de formalización.
El modo de hacerlo cambió conforme la normatividad se ha desarrollado. Como dice el adagio: “hecha la ley, hecha la trampa”. Cuando inició la vigencia del Código de Minas, en 2001, los comercializadores inscribían en los listados de explotadores autorizados a personas que no existían o habían muerto, práctica que se destapó en 2015, cuando la Fiscalía capturó a los representantes de C.I. Goldex, acusados de lavar 2,3 billones de pesos.
De acuerdo con los hallazgos del ente acusador, los comercializadores locales que proveían el oro a Goldex tenían una red de subproveedores en la que utilizaron a una gran cantidad de personas que no tenían relación con la minería: muchos eran habitantes de calle o fallecidos.
Para la época, los mineros de subsistencia reportaban la producción de 40 toneladas de oro al año, de las 63 del total nacional.
Gerardo Villegas, quien lleva más de 40 años vinculado al sector, recuerda que, entonces, los comercializadores de Antioquia iban al Hueco, en el centro de Medellín, y compraban por 5 millones de pesos una USB con información de mineros ancestrales y sus números de cédulas, información suficiente para poner a circular una cantidad de oro a su nombre.
Es el alcalde de cada municipio quien debe velar porque el registro no se use mal, pero no ocurre. Casi todo el que sabe barequiar también sabe hacer minería y “a nosotros nos queda muy difícil dar un carnet de barequero y buscarlo en el punto, y si no lo encontramos ¿dónde lo buscamos?”, cuestiona Wilman Cañas, secretario de Minas de Remedios, uno de los principales enclaves del oro en el país.
Advierte que es “imposible” verificar que quienes llegan a su despacho pidiendo el ingreso al registro, no desempeñan su actividad ilegalmente. Son 1.314 barequeros para dos técnicos de su Secretaría.
Para Javier García Granados, vicepresidente de Seguimiento, Control y Seguridad de la Agencia Nacional de Minería, hace falta una mejor regulación porque en la norma hay un inmenso boquete, nadie tiene la tarea de vigilar que el alcalde cumpla.
Explica Eduardo Chaparro, expresidente de la Cámara Asomineros de la Andi, que si a un pueblo minero se le ponen muchos controles, la bomba social le estalla en la cara al mandatario local por falta de empleo. De eso vive toda la economía, desde el comercio hasta los servicios.
En lo que coincide José Luis Pacheco, alcalde de Arenal (Bolívar): “El 99 % de los habitantes del municipio no tienen empleo. Aquí no hay empresa, los pobladores son barequeros, solo tienen trabajo los profesores y los funcionarios de la Administración”. Hoy hay 1.012 barequeros, registro que ha crecido 60 % en 2019.
Los comercializadores locales se aprovechan. Un comercializador del Bajo Cauca antioqueño, que pidió reserva de su identidad, cuenta que hay dos formas: la primera es ocupar el cupo de mineros de subsistencia que van a la compraventa a vender algunos gramos de oro. “Uno se los compra y se queda con copia de los documentos, les saca más copias y falsifica las firmas para que aparezca vendiendo el oro que uno ya ha conseguido por otro lado”.
La segunda es concertada: “Le ofrezco a un barequero 150.000 pesos mensuales traiga o no traiga oro, le compro lo que consiga y, el resto, hasta ajustar los 35 gramos mensuales, lo reporto del oro que conseguí en minas ilegales”, dice el comercializador. Los acopiadores son creativos y consiguen saltarse las normas.
Un mundo de propuestas
Este tipo de ofertas son habituales, no solo en Antioquia. A Simití, Bolívar, que cuenta con 21.700 habitantes, tres mineros formalizados y 4.175 barequeros (1.372 más que en 2018), llegaron en los últimos meses retroexcavadoras desde Antioquia y Boyacá. Desde ese momento, quienes las operan, abordan a quienes forman parte del RUCOM con ofrecimientos de 50.000 o 100.000 pesos para que firmen documentos que soportan ventas de oro ajeno. “Muchos llegan a la Alcaldía llorando porque se quedaron sin cupo en el Rucom y no saben por qué”, dice Jesús Alberto Ramírez, alcalde de esa población. El hecho es evidente.
En esa comunicación, con copia a las autoridades ambientales, al Ministerio Público, al Gobierno Nacional y a la Fuerza Pública, agrega que “en el municipio se tiene conocimiento de que a orillas de la quebrada se viene practicando minería con motores que de a poco la han sedimentado”.
Parece una fórmula matemática. Con la llegada de máquinas, el registro de barequeros se dispara. Víctor Enrique Obregón, secretario agrominero del municipio, explica que “hay gente que no está relacionada con la minería pero compra oro y para comercializarlo necesita estar en el Rucom. Los tenemos que registrar”.
De acuerdo con el funcionario, no hay cómo identificar a qué se dedican las personas registradas. Pero las cifras dan pistas que no son seguidas por las autoridades. En Arenal, 135 personas vendieron entre 419 y 420 gramos de oro hasta el 18 de febrero de 2019, de ellas 134 eran nuevos en el registro, según datos obtenidos por EL COLOMBIANO.
Los títulos mineros
Carolina Flórez García, gerente general de Mines and Business, quien hace la revisión de proveedores para CIIGSA, la segunda comercializadora internacional del país, aclara que muchos títulos llegan buscando que les compre el oro que supuestamente producen, pero no pasan la más mínima auditoría. En el lugar no hay ningún tipo de explotación o es insignificante en comparación con la cantidad de oro reportada.
“Dependiendo del tenor se sabe cuántas toneladas de roca hay que sacar para conseguir un gramo de oro, digamos que de una tonelada se saquen, en un buen sitio, 50 gramos de oro, ¿dónde están las colas?, no aparece por ningún lado esa cantidad de mineral desechado”, argumenta Flórez.
De nuevo una ecuación perfecta. Cuando la Agencia Nacional de Minería elevó los requisitos para que los mineros de subsistencia vendieran oro, se disparó la producción de los títulos: en 2016 produjeron 13,5 toneladas y en 2017 fueron 20,8.
Dice García Granados que “la Agencia realiza una evaluación documental a todos los títulos mineros en los que verifica el PTO, los Formatos Básicos Mineros y la Declaración de liquidación de regalías. Además durante las visitas de seguimiento y control a los titulares, se verifica el tema”.
Pese a los controles, sigue pasando. Y ya con los documentos listos, habiéndole dado apariencia de legalidad al oro, el material cumple con los requisitos para llegar a las comercializadoras internacionales, el tercer eslabón de la cadena.
La Bomba social
El Plan Nacional de Desarrollo que se discute en el Congreso establece que se implementará el Sisbén IV en 2020, una nueva forma de medir la base social sobre la que se focalizarán los programas sociales. Para ello, el Departamento Nacional de Planeación “actualizará la información de las personas registradas mediante cruces de información a nivel individual y geográfico con otros registros administrativos” y el Rucom es uno de esos registros. Es apenas lógico que quienes hagan transacciones con oro por encima de la línea de la pobreza no sean merecedores de los subsidios del Estado, lo que afectará a los barequeros que reportaron altas cantidades de oro que no produjeron y que en realidad siguen sumidos en la pobreza, porque quedarán por fuera del régimen subsidiado de salud y a los municipios mineros que cuentan con las transferencias del Estado para sostener sus servicios.
Fuente: El Colombiano
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