Un suboficial y cinco patrulleros de la Policía Metropolitana, asignados a los CAI del centro de Medellín, fueron capturados por la Fiscalía y acusados de secuestrar a dos jíbaros, a los supuestamente les exigieron dinero a cambio de liberarlos y no llevarlos ante la justicia.
Los hechos ocurrieron entre el 30 de junio de 2017 y el 15 de febrero de 2018.
Adriana Villegas Arango, asesora de la dirección Seccional de Fiscalías de Medellín, explicó que un fiscal de la estructura de apoyo priorizado hizo seguimiento a varios uniformados y pudo establecer que se dedicaron a hacer retenciones ilegales a varias personas, pidiendo grandes sumas de dinero a cambio de su regreso a la libertad.
“Lo más delicado de la situación es que muchas veces esas personas retenidas eran personas que realmente debían ser judicializadas pero que no se pusieron nunca a disposición de los fiscales a los que les correspondía la investigación”, declaró Villegas.
Los capturados, que estaban adscritos a los CAI de Boston, la Minorista y el Parque de Bolívar, fueron acusados de los delitos de secuestro extorsivo agravado, falsedad ideológica en documento público y peculado por uso, pues hay evidencia que indica que pudieron alterar los libros de población de la Policía para evitar seguimientos judiciales.
Villegas denunció además que el pasado martes 2 de julio, luego de celebrada una audiencia preliminar, cuatro de los seis policías fueron sorprendidos tratando de entrar celulares a las salas de paso del búnker de la Fiscalía, en el barrio Caribe. Los equipos se decomisaron.
Así actuaban
Según las declaraciones de testigos y de los propios delincuentes, analizadas por el investigador, los retenidos eran llevados hasta algunos puestos de policía del sector, donde les exigían sumas que oscilaban entre los tres y cinco millones de pesos para dejarlos en libertad y no judicializarlos.
En algunos casos, además, se habrían quedado con parte de la droga incautada.
“Otro de los casos investigados está relacionado con la retención ilegal de un mensajero que al parecer transportaba marihuana en una motocicleta. A la víctima le fueron retenidos sus documentos y la moto en la que se movilizaba, mientras conseguía la suma de 1 millón 500 mil pesos para devolverle sus propiedades”, informó la Fiscalía.
El Juez 32 Penal Municipal de Medellín ordenó enviar a prisión a todos los capturados mientras se celebra el juicio en su contra. La defensa apeló la decisión.
Fuente: El Colombiano