Una operación realizada por el CTI durante la madrugada de este miércoles dejó la captura de 6 personas presuntamente responsables de una sofisticada treta en la que engañaban a civiles con supuestos procesos judiciales en su contra, ofreciéndoles no judicializarlos si pagaban altas sumas de dinero. Entre los capturados se encuentran dos funcionarios activos del CTI, dos policías activos de Medellín, un oficial más, retirado desde abril del presente año, y un civil que se identificaba, falsamente, como intendente de la Policía Nacional.
La acción de las autoridades se llevó a cabo en Girardota, Medellín y Bello. Los oficiales llegaron hasta la estación de Policía del primer municipio, Búnker de la Fiscalía General y los barrios Santo Domingo y Laureles, en Medellín, además de Niquia en Bello, para desarticular la estructura delincuencial que recibió como nombre, “El libro”. La investigación permitió esclarecer el modus operandi de la banda, que era el siguiente.
Al parecer, los implicados hacían un estudio detallado de posibles víctimas. Hecha la elección, los citaban a reuniones en lugares públicos cerca a las sedes de la Fiscalía y la Dijin, en Medellín. A dichos encuentros acudían los oficiales activos del CTI y la Policía Nacional, acompañados de carpetas con el supuesto expediente de las víctima. Los documentos contenían fotografías y otros elementos supuestamente probatorios de delitos cometidos.
Las hojas que tenían la información, selladas con logos de la Policía Nacional y la Fiscalía General, servían para convencer a sus víctimas de que la información era completamente real. Si esto no funcionaba, la investigación tiene documentado que los presuntos delincuentes ejercían presión esposando a su víctima e incluso ingresándola al Búnker de la Fiscalía con el argumento de dejarla a disposición de un fiscal.
En otras ocasiones las reuniones se llevaban a cabo en la sede de la Fiscalía en el municipio de Copacabana, en el norte del Valle de Aburrá, donde un investigador del CTI se hacía pasar como fiscal para dar más veracidad a la mentira. Las autoridades tienen en su poder dos denuncias de personas que al parecer sufrieron este delito. Una de ellas cifra en 500 millones de pesos el pedido que hizo la banda delincuencial para supuestamente evitar el avance de su falso proceso judicial.
Los seis implicados, dos de ellos hermanos, uno funcionario activo de la Policía Nacional, asignado a la estación de policía de Girardot, y el otro investigador de criminalística de la Fiscalía, serán imputados por extorsión agravada, utilización de menores de edad y suplantación de identidad.
Fuente: El Colombiano