La Contraloría General de la República aseguró que tras un recorrido en los municipios del área de influencia de Hidroituango se recibieron más de 300 denuncias por la afectación social y económica que se ha generado en estas poblaciones por la contingencia del proyecto.
“El común denominador de las denuncias y peticiones que recibió la Contraloría de los habitantes de la zona, río arriba y río abajo del proyecto, son las posibles afectaciones que están teniendo sobre sus actividades socioeconómicas, como la pesca, el barequeo, el comercio de arenas y la agricultura, cuyo impacto podría tener una cuantía significativa”, indicó Luis Carlos Pineda, contralor delegado para la Participación Ciudadana.
De acuerdo con el funcionario, las poblaciones damnificadas derivan su sustento en un 90 % de estas actividades, en donde también son recurrentes las denuncias sobre unos posibles daños psicosociales y a la infraestructura de los territorios generados por la creciente súbita del río Cauca del 12 de mayo de 2018.
“Se denunció que no hay claridad sobre la población afectada y no existen programas concretos de reactivación económica. Hasta el momento se comenzó el censo para realizar estos programas, que cuentan con 800 cupos y sólo para el departamento de Antioquia”, resaltó Pineda.
En ese sentido, el contralor delegado destacó que otro de los aspectos que vienen siendo objeto de denuncias son una gestión irregular del manejo del riesgo, posibles deficiencias en el plan de retorno de los afectados y falencias en el Censo y en el Registro Único de Damnificados.
La Contraloría aseguró que las denuncias que se recibieron durante el recorrido que duró aproximadamente un mes en 15 municipios en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, fueron trasladadas a distintas entidades departamentales, nacionales y locales, así como a Empresas Públicas de Medellín (EPM), para dar que atiendan las necesidades y requerimientos de estas poblaciones.
Fuente: El Colombiano
