La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal de unos 4 billones de pesos a 34 personas por los daños producidos por las fallas de planeación y ejecución del proyecto Hidroituango.
El auto de apertura, que tiene fecha del 8 de noviembre, pero se conoció este miércoles; apunta hacia la directiva del proyecto, 2 exalcaldes de Medellín, 3 representantes de EPM, contratistas y 2 gobernados de Antioquia.
El detrimento patrimonial sería por las mayores inversiones no ejecutadas ni justificadas ($ 2,9 billones) que provocaron pérdidas en el proyecto, además de recursos no percibidos por el Estado por el retraso en la activación de operaciones en fechas pautadas ($1,1 billones).
Esta medida se desprende de la rendición de cuentas del contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, en su primer año en el cargo.