Hace casi dos meses que no hay ningún avance en las obras de la sede de primaria de la Institución Educativa Atanasio Girardot en Bello. Los estudiantes ya no soportan el hacinamiento que se produjo desde que los 900 niños de la sede demolida llegaron a compartir las aulas con los del bachillerato.
Gabriel Patiño, su rector, contó que el 25 de julio se vence el plazo del contratista para entregar las mejoras en la sede principal y la construcción completa de una nueva infraestructura para suplir el déficit de aulas. Pero en el lote vacío ni siquiera hay trabajadores y comienza a agotarse la paciencia.
La Atanasio Girardot es una de las instituciones educativas que integra el programa Colegios 10 del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) del Ministerio de Educación.
La estrategia inició en 2016 para atender el deterioro físico en las instituciones de Jornada Única del país y en Antioquia prometía 7.959 nuevas aulas.
Según la Gobernación de Antioquia, el Ministerio firmó convenios en el departamento para 53 colegios, pero luego de tres años las obras en estas instituciones están a medias, paralizadas o nunca iniciaron.
El regaño del gobernador
Motivado por un mal presentimiento y argumentando que los constructores beneficiados se “embolsillaron” una parte del dinero, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, le envió ayer una carta al presidente Iván Duque para solicitar la “pronta intervención” estatal frente a la parálisis en el proyecto del FFIE, que comenzó en 2016.
“Tengo el presentimiento que en el programa de construcción de colegios nuevos se están robando el dinero público”, escribió Pérez.
El mandatario seccional agregó en su misiva que después de tres años los colegios están a su suerte, “sin rumbo, como elefantes blancos” y que el Departamento invirtió en el programa $134.000 millones. De los 53 colegios del FFIE en Antioquia, concluyó Pérez, la mitad ni siquiera ha iniciado obras. Otros, dijo, tienen avances por debajo del 50% o están congelados.
Néstor David Restrepo, secretario de Educación, indicó que se trata de más de 73.000 estudiantes perjudicados en todo el departamento.
“A este gobierno le quedan cinco meses. Es bastante preocupante: son recursos por los cuales hay que rendir cuentas, aquí tiene que ver no solo cartas en el asunto por parte del Ministerio, sino también consecuencias jurídicas y legales”.
“Controversias con el FFIE”
La firma portuguesa Mota-Engil (el consorcio con mayor número de proyectos adjudicados en Antioquia), presentó un informe que incluye 52 contratos de obra en Antioquia de los 248 que tiene en el resto del país.
De estos 52 colegios, 35 están en el Área Metropolitana, 7 en Rionegro y 10 en otros municipios como Yondó, Arboletes, Necoclí, Vigía del Fuerte, Turbo y el Carmen de Viboral (ver gráfico).
De acuerdo al reporte (de mayo de 2019), 28 de las 35 instituciones educativas del Área Metropolitana habían avanzado hasta la fase 2 ( la de construcción), con un porcentaje de ejecución total del 31,1%.
Siete de estos colegios, según Mota-Engil, cuentan con diseños y estudios aprobados por la interventoría, con las respectivas licencias de construcción, pero el FFIE no emite aún las órdenes de inicio para arrancar la construcción.
Pedro Bibi, representante legal del consorcio, explicó que las demoras y dificultades en las obras responden a un “desequilibrio en el flujo de caja de los proyectos”.
Bibi indicó que el valor de los trabajos ejecutados a finales de mayo era de $252.227 millones, de los cuales el consorcio ha cobrado $152.000 millones. Por lo tanto, explicó, Mota-Engil está financiando con recursos propios el 40% del valor de los trabajos (unos $100.000 millones) aún cuando después del primer año el proyecto ya debía ser autosustentable.
De esos $100.000 millones, aproximadamente $45.000 millones resultan de trabajos ejecutados, pero no pagados a la firma “por controversias con el FFIEE”.
Esas “controversias”, según Bibi, parten de los desacuerdos entre el FFIEE y el consorcio sobre cómo se están aplicando las multas del contrato por retrasos (llamadas ANS) y la no recepción de obras por parte de la interventoría.
Así, de los $45.000 millones no pagados, precisó Bibi $15.000 millones son de estas ANS cuyo cobro el consorcio considera ilegal en la forma como se está aplicando. Otros $5.000 millones corresponden a hitos terminados “para los cuales las interventorías no firman las actas de recibo”.
“Nosotros tenemos una posición, las interventorías tienen otra. Será el juez del contrato el que determine quién tiene razón”, concluyó el representante.
Adicional, otros $22.000 millones corresponden a la fase uno de diseños que tampoco les han sido pagados, mientras que $3.000 millones son de obras ejecutadas pero suspendidas por el FFIE.
El Fondo de Financiamiento sobre estas controversias manifestadas por el consorcio, a través de su departamento de Comunicaciones, se limitó a decir que la gerencia está en coordinación con el MEN para dar una solución a esta problemática.
Bibi reconoció que sí hay retrasos en las obras, “pero es parte de una cadena de muchos factores y actores en donde aún no se ha definido la responsabilidad”. Añadió que aún no han llegado a acuerdos con el MEN, pero esperan retomar las conversaciones con la nueva gerencia.
Rescatar al Fondo
En la asamblea extraordinaria de gobernadores, el 4 de junio en Bogotá, mandatarios locales y la ministra de Educación, María Victoria Angulo, sellaron un compromiso para rescatar al FFIEE, con el apoyo de la Federación Nacional de Departamentos.
Según la Federación, de 266 instituciones en el país, solo han sido entregadas 10 obras, (3,77%), 61 están terminadas (23,01%) y las demás se encuentran en diseño, suscripción o trámite.
Para salvar el Fondo del colapso, la Federación explicó que se contarán 32 días para terminar algunos convenios y buscar nuevos contratistas.
“Los ánimos están decaídos. La incertidumbre es muy alta”, dijo Luis Gabriel Porras, padre de familia de la I.E Normal Superior de Envigado, un colegio que esperan desde hace más de dos años.
La Contraloría General acompañará la ejecución del contrato en 25 instituciones en Antioquia y adelanta una investigación preliminar al FFIE por denuncias de incumplimientos en la construcción de 30.000 aulas en el país.
Por ahora, aún sin cronogramas claros, con contratos a punto de vencerse, algunos estudiantes recibirán sus diplomas de bachilleres sin ver sus colegios terminados.
Fuente: El Colombiano
