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Constituyente: ¿solución o bomba de tiempo?

El alcalde electo de Medellín, Daniel Quintero, propuso al presidente Iván Duque convocar a una asamblea nacional constituyente, como una solución a las demandas de la ciudadanía al Gobierno nacional.

“Colombia necesita renacer, una Asamblea Nacional Constituyente es el camino”, dijo en una carta enviada al jefe del Ejecutivo, unas palabras que repitió al ser abordado por periodistas.

“El andamiaje institucional actual no permite llevar a cabo las reformas que requiere el país. La gente está en la calle porque siente que merece un futuro diferente. Las regiones están atrapadas en un modelo centralista; el Congreso ha fallado en reformarse; la justicia está estancada y los escándalos de corrupción no paran. El campo lleva décadas esperando reformas que le permitan desarrollarse; el desempleo aumenta y los empresarios encuentran todo tipo de barreras para crecer”, reza parte del documento.

La última vez que hubo una constituyente en Colombia fue en 1990, cuando -aunque el Congreso era reacio a propiciar el cambio del texto fundamental- el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta y el gobierno se aliaron para empujaron hacia la creación de la instancia y la redacción de un nueva carta magna.

A través de un plebiscito, se dio luz verde al proceso y, en 1991, el país estrenó su nueva Constitución, la actual.

Sombras en Latinoamérica

La figura de la asamblea nacional constituyente se usó en 1999 en Venezuela, como propuesta de refundación de la República hecha por el fallecido Hugo Chávez, que luego se propagó por países como Ecuador (2007-2008) y Bolivia (2006) con los expresidente Rafael Correa y Evo Morales, respectivamente.

De lado de la izquierda, se vende como la redención del Estado con la ciudadanía, pero del otro lado de la acera se le ve como un caldo de cultivo para ideas socialistas que -dicen- vienen a propagar mayor pobreza.

Con las protestas y hechos violentos del último mes en Chile, también se acordó llegar a esa instancia como medio para acabar con la violencia en el país y conciliar con la ciudadanía pacífica y los grupos adversos que generan destrucción de bienes públicos y privados.

En México, tras un año de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, ya surgió la propuesta, aunque no ha tenido suficiente auge, al menos mediáticamente.

La segunda en Venezuela en menos de 20 años

El último vestigio de una constituyente se sigue viviendo en Venezuela. En 2017, en medio de las multitudinarias protestas contra el régimen de Nicolás Maduro, este propuso esa figura.

Sin embargo, en ese caso no se cumplió con el referendo aprobatorio para su convocatoria -que exige la Constitución de 1999-, a cargo de la población votante, sino que se llamó directamente a la elección de los diputados.

Tras la instalación de ese mecanismo, los diputados, junto a el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anularon la Asamblea Nacional, el único poder controlado por la oposición a Maduro y reconocida por 54 países como el único poder legítimo del país.

Su actual titular, el diputado Juan Guaidó, es también el presidente encargado de Venezuela, de acuerdo con el artículo 233 de la Constitución, debido al no reconocimiento de las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, convocadas por la Constituyente, una instancia no reconocida por el Parlamento y por la misma comunidad internacional que apoya el interinato a cargo del Legislativo.

Artículo 233 de la Constitución venezolana: 

Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: su muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia; su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional; el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato. Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional. Si la falta absoluta del Presidente o la Presidenta de la República se produce durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva. En los casos anteriores, el nuevo Presidente o Presidenta completará el período constitucional correspondiente. Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta completar dicho período.

De ese poder, considerado por Maduro y su tren de ministros como plenipontenciario, se ha desprendido el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a más de 30 de los 167 diputados de la Asamblea Nacional, lo que -a juicio de los opositores- representa una clara persecución a la disidencia.

Muchos de estos parlamentarios han huido del país y se han exiliado en países como Colombia, donde actualmente residen diputados como Gaby Arellano, José Manuel Olivares y Julio Borges.