Trece funcionarios y exfuncionarios vinculados a una investigación disciplinaria, 12 expedientes sancionatorios por presunto incumplimiento de la licencia ambiental, 39 contratos con posible riesgo fiscal y dos imputaciones penales por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Este es el saldo, hasta ahora, de las carpetas que tienen los entes de control sobre la contratación, construcción y la ocurrencia de la emergencia en el megaproyecto Hidroituango.
Las dos únicas sanciones hasta ahora son multas por $6.724 millones impuestas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) por inobservancia de la licencia otorgada. Las entidades de control tienen sus procesos en diversas etapas —desde apertura de investigación, pasando por práctica de pruebas, hasta fase de resolución—.
EPM, accionista no mayoritario y contratista del proyecto, respondió que todavía no tiene imputaciones concretas, ni en materia disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, ni en materia fiscal ante la Contraloría General de la República.
“La empresa está suministrando toda la información que estos entes de control le han requerido y espera que sea suficientemente esclarecedora a efectos de evitar que se tuviera que avanzar más en estas investigaciones”, respondió la empresa, luego de una petición elevada por EL COLOMBIANO.
En relación con la ANLA, EPM contestó que los procesos en curso obedecen a posibles infracciones de alguna norma o deber ambiental. “En cada uno de ellos se están dando las explicaciones”, acotó.
Sobre la acción penal, adelantada por la Fiscalía, la empresa dijo que conoce hasta el momento dos grandes líneas: una que tiene que ver con la asignación por parte de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango del contrato Boomt (sigla en inglés de “construir, operar, mantener, explotar comercialmente y devolver” a los 50 años la central) a EPM Ituango y, posteriormente, a EPM, línea en la que se han formulado cargos a quien oficiaba como gerente o representante legal de EPM Ituango en su momento y representante legal de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango.
La empresa dijo que no conoce pormenores de la segunda línea investigativa, que se conoció el pasado 10 de abril, referente a solicitudes del ente acusador a las autoridades ambientales por daños al ecosistema, aguas arriba y abajo de la presa.
“La organización espera que una vez se conozcan estos temas, particularmente estas notificaciones que anunció la Fiscalía General de la Nación, se pueda dar una declaración más específica”, contestó.
De otro lado, EPM le notificó a la Superintendencia Financiera que dentro de las labores de recuperación del proyecto realizó recientemente un diagnóstico de las afectaciones, para determinar una estimación de costos adicionales requeridos para el restablecimiento y puesta en marcha de la futura central de generación de energía. La cifra estimada a la fecha asciende a $3,5 billones aunque, aclaró, podría variar según las circunstancias propias de la obra.
A continuación, hacemos un compendio del expediente sobre Hidroituango.
Fuente: El Colombiano
