La parte baja del barrio La Chuscala, ubicado en zona periférica al suroeste del municipio de Caldas, es un asentamiento que inició su consolidación a partir del 2011 en predios privados y que ya cuenta con casas de hasta cuatro y cinco niveles.
Muchas de las familias que residen allí, edificaron sus viviendas en lotes que les vendió Antonio María Agudelo Jiménez, un hombre que habría fragmentado el terreno ajeno para venderlo por pedazos, según consta en las demandas que hay en su contra.
Juan Guillermo De la Cuesta, dueño del predio en cuestión y quien desde hace ocho años adelanta un pleito legal para recuperarlo, indicó que el problema comenzó cuando arrendó el lote y la persona con la que suscribió el contrato lo subarrendó a quien aparece como el vendedor.
De la Cuesta relata que el “invasor”, como llama a Agudelo Jiménez, realizó varias artimañas a través de la inspección de Control Urbanístico de Caldas, donde, afirma, no se hizo nada para evitar la invasión, que llegó hasta las proporciones que hoy tiene: con 28 familias a punto de sufrir un proceso de desalojo.
“En ningún momento conté con el apoyo del Municipio para frenar el proceso invasivo, sino todo lo contrario”, afirmó el propietario.
Lío legal y social
Ante el panorama, De la Cuesta interpuso varios recursos legales para anular el contrato de arrendamiento y, de paso, tener de vuelta la franja de tierra, que es cercana a los 4.000 metros cuadrados.
Sin embargo, la población también ha emprendido acciones para evitar un eventual desalojo de sus propiedades.
“La gente como nosotros, de bajos recursos, accedemos a los terrenos por facilidad. Como toda la zona está invadida pues uno también se arriesga”, así lo explicó, bajo reserva, uno de los líderes comunitarios del barrio.
Él, que también resultaría afectado por el desalojo, ha sido uno de los principales defensores de los afectados, los cuales, según sus cifras, son 36 hombres, 28 mujeres, 28 menores de edad, 11 adultos mayores y tres discapacitados.
“Lo único que tenemos es la casa. Si fuera el Estado el que reclamara la tierra uno sería más consciente, porque ofrecerían garantías, mientras que el señor De la Cuesta solo quiere que nos echen”, dijo.
El líder comunitario agrega que nunca han tenido un encuentro con el dueño del predio y todo el proceso se ha dado por medio de abogados.
“Eso nos pone en más conflicto, porque quisiéramos llegar a un acuerdo”, lamentó.
Ya hubo intento de desalojo
Con el tiempo, los tres fallos de los procesos legales han sido favorables a la causa de De la Cuesta, es decir, los jueces han determinado que el terreno debe ser desalojado y asimismo, la administración municipal debe actuar en consecuencia.
Fue así como el pasado lunes 26 de marzo, desde las 3:00 a.m. y hasta las 8:30 a.m., se intentó desalojar a las familias del territorio, pero el proceso fue detenido.
Hernán Darío Restrepo, secretario de Gobierno de Caldas, explicó que el acto se frenó debido a que la parte demandante (el dueño del predio) no se hizo presente en el lugar ni cumplió con unos requerimientos logísticos.
“Además era imposible para nosotros en ese terreno coaccionar la gente a la fuerza con violencia y sacarla de ahí”, expresó Restrepo.
La comunidad dice que el predio en su totalidad no es propiedad de De la Cuesta, sino que pertenece en parte al Estado. Por ello, el secretario de Gobierno afirma que están a la espera de la respuesta de Invías para que delimite el terreno y diga qué parte le corresponde al privado.
Restrepo añade que también están pidiendo a los jueces encargados del proceso, claridad sobre algunos aspectos del fallo, ya que, según el documento, la administración municipal no tiene el deber de reubicar a las familias ante un eventual desalojo.
“La sentencia siempre ha dicho que no hay reubicación, incluso las personas de La Chuscala tutelaron ante la Corte Suprema y nunca les dieron la razón”, dijo Restrepo.
Fuente: El Colombiano
