Por Secretario de Minas de Segovia
La incertidumbre reina en la cadena productiva de la pequeña minería, frente a los problemas mayúsculos de la prohibición del mercurio y la exigencia de título, los cuales amenazan con el extermino de la misma, y con la grave afectación que tendría sobre la economía regional, especialmente en la de Segovia que depende en un 90 por ciento de la minería del oro.
El gobierno ha cumplido más con la parte restrictiva, porque en cuanto a capacitación y tecnologías alternativas no tiene propuestas serias, ni a través de Colciencias, ni a través de las universidades, como lo ordena la Ley 1658 (Ley del Mercurio): “realización de programas de formación, capacitación, fortalecimiento empresarial y asistencia técnica, para la inserción de las tecnologías limpias en los procesos de beneficio de oro y demás procesos industriales y productivos asociados, que requieren de la utilización del mercurio.” (Artículo 7°)
EL DESPLOME DE LA ECONOMÍA LOCAL PUEDE SER DESASTROSO
_ ¿De qué dimensión sería esa caída de la economía?
_“Si ya se ve el impacto sin entrar en rigor la Ley, cuando empiecen los operativos contra el uso del mercurio, la caída de la economía será abrupta, porque definitivamente no estamos preparados. Y si no hay economía no habrá con qué comprar alimentos, ni ropa, ni con qué pagar arriendo, servicios e impuestos.” Es el análisis preocupante que hace Fernando Gómez Molina, Secretario de Agricultura, Minas y Medio Ambiente de Segovia.
Paradójicamente, Fernando considera que “el proceso de formalización se verá fortalecido en la medida que se hará más necesario”, porque alternativas para reemplazar el mercurio sí existen e increíblemente, ahora, “el problema no es el mercurio sino el certificado de origen”, para el cual es necesario un título.
LO QUE PUEDE VENIRSE
Según las últimas caracterizaciones para Segovia y Remedios, el consolidado de entables es de 139 (incluyendo los que funcionan sin permisos), las compras de oro suman 70 y los chatarreros y barequeros ascienden 3.932.
El impacto se mediría en los cerca de cuatro mil empleos en riesgo, sin contar los miles de pequeños mineros que perderían su fuente de empleo. Sería el desplome de la economía sumado al empobrecimiento progresivo en que viene la región.