ATENCIÓN | Comunidad Jaidukamá busca recuperar sus derechos sobre tierras en Antioquia

Luego de recibir el aval del cabildo indígena, la Unidad de Restitución de Tierras radicó ante los jueces de restitución de tierras la demanda colectiva con la que la comunidad indígena Emberá Katío de Jaidukamá, en Ituango, busca restablecer los derechos ancestrales sobre tres polígonos en el territorio de 3.336 hectáreas.

Según el censo aportado por el cabildo local del resguardo, Jaidukamá está conformada por dos grupos: Jaidukamá (San Matías) y Jaibadíama (San Román), a los que pertenecen 100 familias y 407 habitantes que han sufrido todo tipo de afectaciones producto de la violencia generalizada.

Una de las principales razones del foco de la violencia en Ituango es que tiene una ubicación estratégica en el Norte de Antioquia, lo que por años ha despertado un especial interés para los grupos armados ilegales y el desarrollo de una economía basada en actividades ilícitas, lo que se acrecienta en el Nudo de Paramillo, donde se ubica esta comunidad indígena, por su conexión con departamentos vecinos.

La presencia de grupos armados se ha visto reflejada en constantes enfrentamientos, incursiones armadas, asesinatos selectivos y siembra de minas antipersonas que han afectado gravemente a las comunidades del Resguardo indígena Jaidukamá significando para ellos desplazamientos, restricciones a la movilidad, controles en la entrada y salida de víveres e impedimentos para el uso tradicional del territorio.

A mediados de 2021, en dicho municipio ocurrió un histórico desplazamiento masivo de 4.099 personas de 31 veredas a causa de las amenazas de los grupos armados, pero hay más antecedentes. En febrero del 2021, 29 familias, conformadas por 101 indígenas de Jaidukamá, de la parte de San Matías salieron de la zona y llegaron al corregimiento La Granja, de Ituango, según la Unidad para las Víctimas.

Ahora buscan recobrar sus derechos ancestrales sobre el territorio, que se encuentra en las veredas Conguital y El Socorro, al costado norte del Río San Matías (que es afluente del Río Tarazá y que desemboca en el Río Cauca) en el departamento de Antioquia, con lo que pueden hacer que sus costumbres no desaparezcan.

“Para los indígenas es muy importante en el tema espiritual la formación de los jaibanás, entonces los jaibanás usan unos referentes espaciales dentro del territorio que son los sitios sagrados, como los nacimientos de las quebradas, las montañas altas, algunas partes de ríos o fosas. En esos sitios se forma el jaibaná, se hacen rituales, entonces cuando el confinamiento limita el acceso a estos espacios, empieza a haber una pérdida de ese ejercicio espiritual”, explicó Yadira Vidal, profesional social étnica y antropóloga de la Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia.

El poder abastecerse de bejucos ha sido otro de los impedimentos que ha tenido esta comunidad, que se ubica en las veredas Conguital y El Socorro, al costado norte del Río San Matías (que es afluente del Río Tarazá y que desemboca en el Río Cauca), porque dichas zonas están minadas. También costumbres que tienen que ver con la dieta ancestral.

Al casco urbano de Ituango no volvieron a llegar tampoco, como era tradición, a comercializar las escobas que ellos mismos elaboraban en su territorio, por el temor a ir a buscar palma, en esta zona minada.

Medidas cautelares

El Juzgado Civil Circuito Especializado en Restitución de Tierras Itinerante de Antioquia ordenó desde el 2020, medidas cautelares a favor de las comunidades de este resguardo, para que estas pudieran ser protegidas en el tema urgente del desminado.

El llamado también lo ha hecho de manera reiterada la Organización Indígena de Antioquia, como representantes de los pueblos Embera Eyábida del departamento, en específico tras la muerte de Ernesto Jumí, indígena de esta comunidad que perdió la vida tras caer en un campo minado en septiembre de 2020.

“El Territorio de Jaidukamá está minado desde hace más de 20 años y ahora vemos que hay más minas antipersonales, lo cual mantiene confinados a los comuneros y las comuneras en su territorio por lo que no hacen goce efectivo de sus derechos territoriales y en razón a ello, la vulneración de más derechos asociados”, dijo la OIA en su momento.

A través de varias alertas tempranas, la OIA ha pedido que llegue el desminado humanitario a las zonas indígenas afectadas, más aún en el caso de Ituango, pues es uno de los municipios PDET de Antioquia, es decir, de los poblados que fueron priorizados en el punto 3 del Acuerdo Final de Paz, entre el Gobierno y las FARC, pero no se evidencian los avances.

“El problema grande de las minas representa muchas otras cosas, como el confinamiento dentro del territorio, la pérdida de sus costumbres, la gobernabilidad dentro de su territorio, porque hay una presencia constante de grupos armados, que ha puesto en riesgo a las autoridades”, expuso Vidal.

Otro caso en Segovia

En Segovia, Antioquia, también un municipio PDET se encuentra la comunidad del Resguardo Indígena Tagual La Pó, que también reclama sus derechos sobre las tierras, una extensión de 2.254 hectáreas + 4.060 metros cuadrados y cuya solicitud ya fue radicada ante los jueces de restitución de tierras.

Está conformado por 89 familias integradas por 446 personas, según el censo que el cabildo entregó a la Alcaldía del municipio. De esa totalidad de personas que habitan en Tagual La Pó, según la distribución de género 219 corresponden a mujeres y 227 hombres.

Según narraron los mayores de este resguardo, para finales de los años ochenta cuando la disputa entre actores armados ilegales y el Ejército Nacional se agudizó, por sugerencia de actores políticos como miembros de la UP, se les sugirió que se organizaran como una comunidad indígena para hacerle frente al conflicto.

A su historia se ha sumado el tema de la minería, por la vocación económica que tiene este municipio del Norte de Antioquia. Por lo pronto, la comunidad busca que las tierras donde viven, que no están tituladas, se les haga este proceso.

“Y sobre todo la recuperación de la fauna y de la flora que se ha perdido, por el tema de minería, entonces va orientado a eso. Hay presencia de actores, pero el caso es distinto, pero sí hay problemas con la minería que están haciendo personas externas, entonces es una afectación”, destacó Vidal.

En total son 53 comunidades étnicas en la jurisdicción de la Territorial Antioquia vinculadas a procesos de restitución de tierras, las cuales avanzan en distintas fases para el restablecimiento de sus derechos étnicos y que en su conjunto tienen una pretensión de 120.000 hectáreas de tierra, que podrían beneficiar a una población de al menos 14.500 personas en diferentes regiones del departamento.

Fuente: El Tiempo