El ataque a la formalización y la explotación legal del oro sigue siendo uno de los objetivos de la Mesa Minera, que a pocas horas de un eventual paro prepara su artillería contra la compañía Gran Colombia Gold.
Por David Cardona
Los integrantes de esa asociación, que explotan metales preciosos al margen de la ley, iniciaron una campaña de 3 metas con las que buscan ponerle sentido a la paralización de los municipios Segovia, Remedios (Antioquia) y Marmato (Caldas).
Una de esas metas es tergiversar la solicitud de la Gran Colombia Gold hacia el Gobierno nacional, dirigida a restablecer su legítima titularidad sobre 200 minas invadidas en esas 3 localidades, haciendo parecer que la multinacional pide represión.
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Otro de los elementos de los mineros ilegales es difundir denuncias de supuestas incursiones militares y policiales en las minas invadidas, medidas que –por ahora– la policía y las Fuerzas Armadas no han confirmado.
Y otra de las metas de la asociación es generar presión en los entes gubernamentales, incluyendo un eventual llamado a paro, para que se negocie un aplazamiento del plan de 18 meses que se acordó en 2017 para la formalización minera.
Este martes 15 de enero, los mineros ilegales protestarán en el parque principal de Segovia, como una antesala a un segundo plantón que será el miércoles 16 de enero en las inmediaciones de la gobernación de Antioquia.
¿Medidas contra la minería ilegal ante eventual paro?
La semana pasada, el mandatario del departamento, Luis Pérez Gutiérrez, anunció que uno de los planes para 2019 en su gestión sería tomar medidas para detener el crecimiento de la minería ilegal.
Las declaraciones las emitió luego de reunirse en Consejo de Seguridad para la región.
En ese encuentro aseguró que aceleraría una solicitud al presidente Iván Duque, para que autorice la apertura de las áreas de reservas especiales, con el fin de formalizar a los pequeños mineros de la región.
“A la par de que exploten la minería de manera individual, en grupos o en cooperativas, que también cumplan con todos los requisitos ambientales y legales”, explicó el gobernador.