Acusaciones de genocidio en Colombia: Fiscalía formula cargos contra exmiembros paramilitares y de FARC por el exterminio de UP y EPL.
La Fiscalía de Colombia ha presentado cargos contra 96 exmiembros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de las FARC por su presunta responsabilidad en el exterminio de la Unión Patriótica (UP) y del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad (EPL). Según el comunicado oficial, se les acusa de haber cometido 353 delitos entre 1985 y 2006, los cuales resultaron en 1.255 víctimas de homicidio, desaparición y desplazamiento forzado.
La UP, un partido de izquierda fundado en 1984 por exmiembros de las FARC, el Ejército del Pueblo (EP) y el Partido Comunista Colombiano, surgió como una propuesta de paz tras los fallidos acuerdos entre el Gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de juzgar el genocidio de la UP, ha identificado a 5.733 víctimas de homicidio o desaparición forzada de militantes de la UP o personas relacionadas.
Por otro lado, el EPL fue un partido socialdemócrata creado en 1991 después de acuerdos de paz que llevaron a la desmovilización del 95% de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL). Sin embargo, el 5% restante continúa operando en el Catatumbo y está fuertemente vinculado al narcotráfico, según el Gobierno.
Justicia en Colombia: Exparamilitares y exguerrilleros enfrentan cargos por crímenes de lesa humanidad.
La Fiscalía afirma contar con pruebas de 315 crímenes relacionados con la persecución violenta a los miembros de la UP. Entre estos hechos se encuentran el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas (padre del actual senador y negociador de paz Iván Cepeda) en 1994 en Bogotá, la masacre de Segovia en 1988 y las incursiones armadas en el corregimiento de Estados Unidos en Becerril entre 1997 y 2000.
Entre los exparamilitares acusados se encuentran Salvatore Mancuso, líder de las AUC, Fredy Rendón alias “El Alemán” y Hernán Giraldo alias “El señor de la sierra”, quienes enfrentan cargos por delitos carnales violentos, trata de personas, aborto y tortura.
Estos acontecimientos se dan después de que la UP recibiera en enero un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que condenó al Estado colombiano por el “plan de exterminio” del cual fueron víctimas cerca de 6.000 de sus militantes a lo largo de dos décadas.
Por otro lado, se formularán 38 cargos contra Elda Mosquera alias “Karina” y Marco Giraldo alias “Garganta”, exintegrantes de las FARC, por sus acciones criminales contra la vida e integridad de los simpatizantes del partido político EPL. Según las investigaciones, el Bloque José María Córdoba y el Frente 5 de las FARC promovieron una ola de violencia contra diputados, concejales y alcaldes que representaban al mencionado movimiento político. Algunos de los hechos por los que serán juzgados ocurrieron en Antioquia, como la masacre de La Chinita en 1994, la del hotel El Pescador en 1997 y el atentado al diputado Mario de Jesús Agudelo Vásquez en abril de 1997.
