En solo una de cada cuatro viviendas campesinas del departamento no hay que hervir el agua para consumirla. El resto —unas 411.240, según el Departamento de Planeación de Antioquia, el 74,16 % del total en áreas rurales— no disfruta de acueductos que potabilicen el líquido.
Es decir que la cobertura en estas zonas es de 25,84 %, cuando la media nacional en suelo rural, según el documento que trazó la Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia (Conpes 3918 de 2017), es del 73,2 %.
El contraste con las zonas urbanas es revelador: en estas la cobertura en el departamento es de 96,9 %, solo 0,5 % menos del promedio nacional.
El viceministro de Agua y Saneamiento Básico, José Luis Acero, contó que con el programa Agua al Campo, el Gobierno Nacional busca dotar de acueducto y alcantarillado a 142.000 personas de las zonas rurales del país. Para Antioquia, en el periodo 2018-2022, están previstos siete proyectos por valor de $35.000 millones, con impacto en 63.000 habitantes. Sin embargo, la problemática va más allá del anuncio de inversiones.
Diagnóstico complejo
Según Acero, con el programa Agua al Campo se canalizan recursos hacia las zonas rurales, fomentando la regionalización de empresas prestadoras de servicios a donde no llegan las inversiones porque no hay un mercado robusto. “Estos territorios deben ser priorizados para cerrar la brecha. El agua potable tiene incidencia directa en la reducción de variables de desarrollo como índice de enfermedades crónicas, incremento productividad, desigualdad de género, entre otras”, dijo.
El viceministro añadió que una solución de agua potable cuesta $167.000 por persona en zonas urbanas, el mismo indicador que vale $1,2 millones en zonas rurales con soluciones como pilas públicas. De lo contrario, el valor es de $3,7 millones por persona.
Para Santiago Ochoa Posada, vicepresidente de Agua y Saneamiento de EPM, la prestación del servicio de acueducto en áreas rurales es compleja por las bajas densidades poblacionales y la dispersión de viviendas. Anotó que mientras en la zona urbana se pueden conectar hasta 250 viviendas por un kilómetro de tubería; en el campo, ese indicador solo llega a 10 o 12 casas, lo que dificulta el retorno de las inversiones efectuadas.
El plan de intervención
Acero destacó que el Gobierno Nacional impulsará un proyecto rural en la vereda Caracolí (Amalfi), el plan maestro de alcantarillado de Cocorná, un tanque de almacenamiento en Turbo y la iniciativa de optimización del acueducto en Apartadó, además del estudio y viabilización de tres proyectos con EPM. Estas acciones ya tienen recursos para empezar a construirse, indicó.
James Gallego, gerente de Servicios Públicos de Antioquia, explicó que la meta en el periodo 2016-2019 es conectar 31.000 viviendas rurales, con una inversión de $200.000 millones. Su ejecución alcanza el 70%. Anotó que las subregiones del Bajo Cauca y del Urabá son las más críticas en el indicador de agua potable.
Fuente: El Colombiano
