Después de que se lograra un acuerdo con los mineros ilegales que propiciaron el paro de 2017 en Segovia y Remedios (Antioquia), 19 cooperativas han firmado contratos de formalización.
Por David Cardona
Así lo aseguró el director Ejecutivo de la Gran Colombia Gold en el país, Lombardo Paredes, quien citó cifras correspondientes hasta principios de enero de 2019.
La afectación de operatividad por causa de la minería ilegal se mantiene. 200 yacimientos legalmente adjudicados la multinacional siguen invadidos en esos 2 municipios de Antioquia y en Marmato, Caldas.
Hasta ahora, la llamada mesa minera, que agrupa a la mayoría de los trabajadores del sector informar, no admite amparos administrativos para desalojar unidades mineras explotadas a margen de la ley.
Este cuestionamiento fue elevado al Gobierno nacional por parte de la compañía, que exigía ejercer medidas que llevaran a la normalización de sus operaciones.
Afectación económica se centra en 3 minas de Segovia, donde no hay contratos de formalización
El impacto económico de la invasión de las 200 minas bajo titularidad de la empresa se centra en 3 minas del municipio Segovia.
2 de los yacimientos afectados son el Cogote –cercano a la mina legal Sandra K, de la GCG–, y San Nicolás, que producen, cada una, entre 350 y 400 onzas de oro por mes.
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Otra de las minas es Rubiela, sobre la que tampoco ha sido posible su formalización ante el Estado.
De acuerdo con el director ejecutivo de la multinacional en Colombia, Lombardo Paredes, miembros de la llamada Mesa Minera explotan estas minas sin autorización del Estado.
Dijo que la operación se ve afectada económicamente porque dispara los costos de producción y retrasa el desarrollo de la actividad formal de la compañía.
